El Supremo establece que cortar el suministro eléctrico a ocupantes ilegales no constituye por sí solo un delito de coacciones. Cada caso exige valorar finalidad, contexto y conducta concreta. La doctrina aporta claridad, aunque no sustituye los procedimientos legales para recuperar el inmueble.
La ausencia automática de delito no convierte cualquier actuación en recomendable. Interrumpir suministros puede generar responsabilidades civiles o riesgos personales según las circunstancias. Propietarios y comunidades deben buscar asesoramiento y utilizar vías judiciales, no interpretar un titular como autorización general.
La información tiene carácter periodístico y no sustituye asesoramiento jurídico. Las resoluciones dependen de hechos y procedimientos concretos; por eso conviene acudir al texto oficial y a un profesional antes de tomar decisiones.