Madrid aprueba LIDER. De doce a cuatro años de tramitación urbanística. Suena bien, aunque los matices importan.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región. Su objetivo declarado es reducir los plazos urbanísticos desde los doce años actuales hasta un máximo de cuatro.

Doce años no son un simple retraso administrativo. En ese tiempo cambia un ciclo económico, cambia la demanda, cambian los tipos de interés y, en muchos casos, cambia también la voluntad política de ejecutar aquello que se aprobó al comienzo del proceso.

El proyecto plantea medidas concretas. El suelo pasa de cinco categorías a tres y los ayuntamientos de más de 15.000 habitantes podrán aprobar sus propios instrumentos de planificación. La Comunidad de Madrid conservará el control de legalidad.

La experiencia de la Aceleradora Urbanística permite observar el rumbo de la reforma: ha impulsado proyectos para 17.600 viviendas, de las que casi 6.000 son protegidas. El dato muestra que acelerar expedientes puede desbloquear oferta relevante.

Sin embargo, LIDER todavía debe pasar por la Asamblea de Madrid. No es una ley en vigor, sino una intención legislativa que cuenta con una estructura y unos objetivos definidos. El texto puede modificarse durante la tramitación parlamentaria.

Incluso si se aprueba tal como está, alcanzar cuatro años no será automático. Los ayuntamientos necesitan capacidad técnica real para asumir nuevas competencias: equipos de urbanismo suficientes, procedimientos claros y herramientas que permitan gestionar más expedientes sin trasladar el atasco de una administración a otra.

Los informes sectoriales de medioambiente, patrimonio e infraestructuras también deben tramitarse en paralelo y no en serie. El cuello de botella del urbanismo español no es solamente normativo; es un problema de personas, coordinación interadministrativa y secuencias de decisión.

Si el proyecto llega al boletín oficial y se ejecuta con rigor, el impacto puede ser estructural. No aparecerá en 2027, porque la nueva planificación todavía debe convertirse en suelo urbanizado, licencias, obras y viviendas terminadas. Su horizonte razonable está más cerca de 2030.

Cuatro años menos de tramitación no son únicamente un titular político. Pueden reducir costes financieros, evitar que los proyectos nazcan desfasados y adelantar la entrega de miles de hogares. Para muchas familias, esa diferencia administrativa acaba convirtiéndose en una diferencia real.