El Gobierno va a intentar de nuevo lo que el Congreso ya tumbó en abril. La cuestión decisiva es si esta vez dispone de los votos necesarios.

El nuevo decreto de vivienda volverá a incluir la prórroga forzosa de dos años para contratos de alquiler, una medida promovida por Sumar. Afectaría a inquilinos cuyos contratos venzan hasta el 30 de junio de 2028.

El alcance potencial es elevado: casi cuatro millones de personas y alrededor de un millón y medio de hogares podrían quedar cubiertos por la ampliación contractual.

El precedente parlamentario es inmediato. En marzo de 2026, el Gobierno aprobó un decreto prácticamente idéntico, pero el Congreso lo rechazó en abril con 177 votos en contra procedentes de PP, Vox y Junts.

El nuevo intento incorpora dos cambios destinados a facilitar un acuerdo con Junts: deducciones en el IRPF de hasta 1.800 euros para propietarios que alquilen y la posible recuperación de la deducción por hipoteca de vivienda habitual, eliminada en 2013.

Si el decreto sale adelante, los contratos que venzan desde su entrada en vigor tendrían dos años adicionales y la actualización anual quedaría limitada al 2%, independientemente de la evolución del IPC.

La medida ofrece protección inmediata al inquilino que ya ocupa una vivienda y afronta el vencimiento de su contrato. Reduce el riesgo de una subida brusca de renta o de tener que competir de nuevo en un mercado con poca oferta.

Sin embargo, el problema de fondo no cambia. Las prórrogas forzosas y la contención de rentas actúan sobre contratos existentes, pero no incorporan nuevas viviendas al mercado. También pueden reducir el incentivo del propietario que todavía está decidiendo si alquilar.

La oferta de alquiler lleva años descendiendo en algunos de los mercados con mayor intervención. Cataluña declaró 271 municipios como zonas tensionadas, pero los precios continuaron aumentando allí donde la demanda estructural supera ampliamente la vivienda disponible.

Ese resultado no demuestra que toda protección al inquilino sea inútil. Sí muestra que una medida de demanda no puede sustituir una política de oferta: construcción, rehabilitación, seguridad jurídica y condiciones que permitan movilizar vivienda vacía hacia el alquiler estable.

La incógnita inmediata es aritmética. Si Junts no apoya la convalidación, el decreto puede volver a caer. Cada intento fallido prolonga la incertidumbre para inquilinos, propietarios e inversores y dificulta anticipar qué reglas estarán vigentes dentro de unos meses.

El mercado del alquiler necesita protección frente a situaciones de vulnerabilidad, pero también continuidad normativa. Sin más oferta y sin reglas previsibles, cada nueva prórroga puede aliviar el presente mientras hace más difícil resolver el problema estructural.