8.600 viviendas, 217 hectáreas de dehesa y una batalla judicial que lleva 15 años sin resolverse. Bienvenidos a Los Carriles de Alcobendas.
El proyecto Valgrande, conocido históricamente como Los Carriles, es el desarrollo urbanístico más controvertido del norte de Madrid. Y sigue sin cerrarse.
Los números son grandes: 2,17 millones de metros cuadrados, 8.600 viviendas, 860 chalés de lujo junto al Monte Valdelatas y una montaña artificial de 23 metros de altura para ocultar cables de alta tensión. El Ayuntamiento de Alcobendas lo impulsa desde 2009.
El 97% del suelo disponible del municipio ya está urbanizado. Este es, literalmente, el último gran trozo de tierra que le queda.
El problema es que los tribunales llevan años dando la razón a Ecologistas en Acción. El Tribunal Supremo anuló el plan anterior en junio de 2025 por defectos en la evaluación ambiental estratégica.
El Ayuntamiento aprobó un plan parcial prácticamente idéntico en noviembre de 2025. Ecologistas recurrió de nuevo en febrero de 2026, la justicia admitió el recurso a trámite en mayo y las obras de vallado habían comenzado en abril. El litigio sigue abierto.
El terreno en juego no es cualquier cosa: una dehesa con un corredor ecológico hacia el Monte de El Pardo, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y zonas de especial protección para aves rapaces. Águila calzada, buitre negro y milano real forman parte de un ecosistema difícil de conciliar con 8.600 viviendas y una montaña artificial.
La tensión de fondo es la misma que aparece en toda España: una crisis de vivienda real frente a un impacto ambiental también real. No hay una respuesta sencilla.
Lo que sí está claro es que un desarrollo que lleva quince años encallado entre litigios, recursos y planes alternativos no ofrece una solución residencial a corto plazo. La seguridad jurídica que necesita una actuación de esta escala no existe mientras el suelo continúa en disputa judicial y, al mismo tiempo, avanzan trabajos sobre el terreno.
Alcobendas necesita vivienda. El corredor ecológico del norte de Madrid necesita protección. La respuesta a ese dilema no puede consistir en seguir aprobando planes que el Tribunal Supremo ya ha tumbado una vez.
Sin seguridad jurídica no hay inversión. Sin consenso ambiental y urbano no hay un futuro sostenible para el proyecto.