El artículo parte de una paradoja que el debate político sobre vivienda raramente menciona: España tiene suelo edificable de sobra. El problema es que ese suelo está congelado.
Cuando la burbuja estalló entre 2008 y 2012, miles de proyectos residenciales se pararon en seco. Los solares que iban a ser viviendas acabaron en manos de bancos, fondos, ayuntamientos y sociedades en liquidación. Veinte años después, siguen sin desarrollarse. Son lo que los urbanistas llaman "manos muertas": suelo con capacidad edificatoria reconocida que no produce nada.
Los cálculos estiman que esa bolsa de suelo atascado podría alojar 2,9 millones de viviendas. En un país con un déficit estimado de entre 600.000 y 700.000 unidades, eso no es un detalle. Es la solución sobre el papel.
¿Por qué no se desarrolla?
Las razones son múltiples y se acumulan. Parte del suelo tiene cargas urbanísticas pendientes —cesiones, dotaciones, infraestructuras— que hacen inviable la promoción a precios de mercado actuales. Otra parte está en manos de ayuntamientos sin capacidad técnica ni financiera para gestionarla. Otra tiene litigios jurídicos heredados de la época de la burbuja. Y otra, sencillamente, necesita una revisión del planeamiento que puede tardar una década.
El suelo existe. El problema es activarlo.
Y aquí está la ironía más grande del debate sobre vivienda en España: mientras el Gobierno debate decretos de prórroga y deducciones fiscales, hay casi 3 millones de pisos potenciales esperando en solares que llevan dos décadas paralizados. Nadie habla de eso con la urgencia que merece.
Desbloquear ese suelo requiere voluntad política municipal, financiación pública para infraestructuras, flexibilidad en cargas urbanísticas y, en muchos casos, legislación específica que permita reactivar proyectos congelados bajo normativas que ya no existen.
No es glamuroso. No da titulares. Pero es donde está la solución real.