El plan está firmado y tiene fechas: entre 2027 y 2035, España desmantelará los siete reactores que hoy generan el 20% de su electricidad. El Gobierno ha prorrogado Almaraz hasta 2030, pero el resto del calendario sigue intacto. Y mientras España cierra, el mundo abre: Francia prolonga reactores, Bélgica revierte su cierre, Alemania reconoce que fue un error. España es el último país europeo con un plan de cierre nuclear activo sin revisión.
Lo que nadie está contando: esto va a golpear directamente a la construcción de vivienda nueva.
El impacto llega por tres vías. Primera: el coste de materiales. Cemento, acero, vidrio y aluminio son industrias electro-intensivas. Cuando la electricidad sube de forma sostenida, sube el coste de producción, y ese coste llega al precio final de la vivienda. España ya arrastra un déficit de más de 600.000 viviendas al año. Encarecer los materiales no ayuda a cerrarlo.
Segunda: la incertidumbre. Las promotoras que planifican a tres o cinco años necesitan certeza sobre costes energéticos. Un mercado eléctrico volátil, con picos de precio cuando no hay viento ni sol y la nuclear empieza a faltar, se traduce en márgenes más altos o en proyectos paralizados.
Tercera: la electrificación obligatoria. La normativa europea exige que toda vivienda nueva sea de consumo casi nulo y que la climatización migre a bombas de calor eléctricas. Más demanda eléctrica en los hogares, justo cuando España va a perder el 20% de su generación más estable. Sin potencia de base que respalde la red, esa electrificación es un problema que nadie está calculando en voz alta.
España tiene un problema de vivienda. Y tiene un problema energético. Lo que nadie explica es que ambos están conectados.