El 20 de agosto de 2026, el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen dictó sentencia contra Hui Ka Yan, fundador de China Evergrande: cadena perpetua, confiscación de todos sus bienes personales y retirada de por vida de sus derechos políticos. Las empresas del grupo reciben multas que superan los 15.800 millones de yuanes. Hui se había declarado culpable en abril.
Los cargos son un catálogo del capitalismo chino en su versión más extrema: fraude financiero a gran escala, captación ilegal de depósitos públicos, emisión fraudulenta de valores, sobornos para controlar instituciones financieras y desvío ilegal de fondos de crédito y seguros hacia el grupo. La acusación más grave: inflar los activos de Evergrande de forma sistemática mientras se ocultaban pasivos que acabaron alcanzando los 300.000 millones de dólares, la mayor deuda corporativa de la historia.
Hui Ka Yan había llegado a ser el segundo hombre más rico de Asia. Evergrande operaba en casi 300 ciudades chinas, con 1.300 proyectos inmobiliarios activos y más de 200.000 empleados directos. Era el símbolo del milagro urbanístico chino. Cuando en 2021 el grupo empezó a incumplir pagos, el shock se extendió por todo el sistema financiero del país. Millones de compradores que habían pagado viviendas sobre plano se quedaron sin ellas. Cientos de proveedores y acreedores asumieron pérdidas masivas. La liquidación posterior apenas recuperó el 0,6% de los 45.000 millones reclamados.
Pero la sentencia no cierra la crisis. La cierra a él. El mercado inmobiliario chino sigue en caída libre: entre enero y julio de 2026, la inversión inmobiliaria en China cayó un 19,2%, las ventas de vivienda nueva bajaron un 13,2% en valor y las construcciones residenciales se desplomaron un 24,6%. La condena de Hui es el punto final de un capítulo. La crisis es el libro entero, y China todavía no ha llegado al último capítulo.