La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores alerta del "doble alquiler" que asfixia a miles de trabajadores por cuenta propia: el encarecimiento simultáneo de la vivienda y de los locales comerciales, una presión que recae sobre el mismo bolsillo y que "hay costes fijos que han alcanzado un nivel que un pequeño negocio sencillamente no puede compensar".

El alquiler de vivienda ronda los 1.200 euros mensuales de media, mientras que los locales comerciales en grandes núcleos urbanos pueden alcanzar entre 800 y 3.000 euros, llegando a representar hasta el 40% de los costes de un negocio. Para un autónomo con un pequeño comercio en una ciudad media, eso puede suponer entre 2.000 y 4.000 euros mensuales solo en alquiler, antes de pagar cuotas de la Seguridad Social, proveedores, suministros y cualquier otro gasto operativo.

Más del 20% de los autónomos con establecimiento comercial paga también el alquiler de su vivienda, lo que les sitúa en una posición de especial vulnerabilidad al tener que asumir simultáneamente dos de los principales costes en un contexto de precios al alza. Y a diferencia de un asalariado, el autónomo no tiene un sueldo fijo que garantice esa cobertura mes a mes. Sus ingresos fluctúan. Sus costes fijos, no.

El resultado es un proceso de expulsión silenciosa. La concentración de la propiedad y la presión especulativa están vaciando los centros urbanos, sustituyendo pequeños negocios por franquicias y grandes operadores. El comercio de barrio, la ferretería, la papelería, la clínica pequeña, el taller: todos compiten en el mercado de locales contra operadores que tienen músculo financiero para asumir rentas que un negocio de proximidad no puede sostener.

Las organizaciones de autónomos piden políticas que incentiven la salida al mercado de locales vacíos a precios razonables, mecanismos públicos de intermediación y mayor utilización del parque de locales de titularidad pública. Son medidas razonables. Y llevan años sobre la mesa sin que ninguna administración las haya convertido en realidad.

La pregunta que nadie formula con la contundencia que merece: ¿quién puede permitirse trabajar en nuestras ciudades?