De los 1.026.726 habitantes de Asturias, 457.064 tienen al Estado como pagador. El 44,5% de la población regional. Cuatro de cada diez asturianos. Si se descuentan los solapamientos estimados entre prestaciones, la cifra real rondaría los 437.000, el 42,5%. En cualquier caso, casi la mitad.

El desglose es revelador. El bloque más grande lo forman los pensionistas: 293.756 personas, entre los del sistema general de la Seguridad Social y los 19.399 de clases pasivas. A continuación, los empleados públicos: 69.706 en el conjunto de las tres administraciones, la estatal, la autonómica y la local. Asturias tiene 49,8 empleados autonómicos por cada 1.000 habitantes, la tercera tasa más elevada de España, solo por detrás de Extremadura y Navarra, y el mayor número de empleados públicos autonómicos de toda su serie histórica. El tercer bloque lo componen quienes perciben rentas de protección social: 30.366 parados con prestación, 46.518 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y 16.718 del salario social básico del Principado.

Pero el dato que resume mejor la situación estructural de Asturias no es ese 44,5%. Es otro: 1,47 trabajadores en activo por cada pensionista. La media nacional es 2,37. Asturias tiene una de las peores ratios cotizante-pensionista de todo el país. Eso significa que el sistema que financia esas pensiones depende de una base contributiva extraordinariamente estrecha, en una región que envejece más rápido que la media y que no está generando empleo privado suficiente para compensarlo.

El problema no es que el Estado pague pensiones, empleados públicos o prestaciones de desempleo. El problema es la proporción. Una economía regional donde casi la mitad de los ingresos de la población proceden del sector público no tiene capacidad de crecer por sí sola. Depende de las transferencias del Estado central, de la Seguridad Social y de los fondos europeos para sostener su nivel de vida. Y cuando esos flujos se reducen o cuando la demografía aprieta más el sistema, el margen de ajuste es mínimo.

Asturias no es un caso aislado. Es el ejemplo más visible de lo que ocurre cuando una región pierde su tejido industrial sin desarrollar uno nuevo. El carbón, el acero, la minería. Todo desapareció. Lo que quedó fue administración pública y pensiones.