Los datos del segundo trimestre de 2026 de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado dibujan un escenario que explica, mejor que cualquier regulación, por qué la oferta de alquiler residencial en España lleva años contrayéndose. La deuda media acumulada en los casos de impago se situó en 3.022 euros. El tiempo medio para recuperar el inmueble desde el primer impago, 380 días. Más de doce meses y medio con la vivienda ocupada, sin cobrar renta y asumiendo gastos de abogado y procurador.

La variación geográfica es significativa. Asturias encabeza el ranking por importe adeudado, con una deuda media de 4.629 euros por expediente. Le sigue Madrid, con 4.184 euros. Cataluña, Cantabria y Baleares superan los 3.000 euros de media. En el extremo opuesto, Extremadura registra la deuda más baja con 1.702 euros, seguida de Aragón y Galicia. La diferencia entre territorios no refleja solo distintos niveles de renta: refleja también distintos grados de saturación judicial y distintas realidades de mercado.

La mayoría de los conflictos no termina en los tribunales. El 81,9% de los casos se resolvió mediante acuerdo entre las partes o entrega voluntaria del inmueble. Solo el 18,1% requirió procedimiento judicial. Ese dato puede sonar tranquilizador, pero esconde otra realidad: muchos propietarios aceptan acuerdos desfavorables, condonando parte de la deuda, para evitar un proceso judicial que puede prolongarse más de dos años en los casos más complejos.

El efecto en el mercado es directo. Propietarios que endurecen las condiciones de acceso, que exigen más garantías, que piden avales o seguros de impago, o que directamente retiran sus viviendas del mercado residencial para destinarlas a uso turístico o tenerlas vacías. La inseguridad jurídica del arrendador no es un problema moral. Es un problema de oferta. Y menos oferta sobre una demanda que no baja produce exactamente lo que estamos viendo: precios más altos y menos acceso.

Reformar el proceso de desahucio para hacerlo más ágil sin dejar desprotegido al inquilino vulnerable es posible. Ningún gobierno lo ha conseguido todavía.