El Ministerio de Vivienda ha completado la transferencia de la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a las comunidades autónomas: 800 millones de euros, primera entrega de los 7.000 millones previstos para todo el periodo. Andalucía recibe 136,8 millones, Madrid 127,2 y Cataluña 116. El reparto sigue criterios poblacionales y el dinero ya está sobre la mesa de cada autonomía.

Hasta aquí los hechos. Ahora el contexto que importa.

7.000 millones en cinco años para resolver una crisis de vivienda que acumula un déficit de 740.000 unidades y que requeriría construir 230.000 viviendas anuales hasta 2034. Los propios expertos del sector ya han calificado este plan como un parche. No porque la intención sea mala, sino porque la escala no da. España invierte en vivienda pública una fracción de lo que destinan países como Francia, Países Bajos o Austria, que llevan décadas construyendo parque público de forma sistemática y que aun así tienen tensiones en sus mercados.

El plan tiene una estructura que merece atención: el 60% lo financia el Estado y el 40% las comunidades autónomas. Lo que significa que los 800 millones transferidos requieren que las autonomías pongan otros 533 millones para completar la anualidad. Y ahí aparece la primera fricción política: las comunidades gobernadas por el PP han aceptado los fondos pero han llevado el plan a los tribunales, alegando intromisión de competencias. Cogen el dinero y recurren el marco. Es una posición legítima jurídicamente, pero que genera incertidumbre sobre la ejecución real.

El segundo problema es el tiempo. El dinero tarda en convertirse en viviendas. Hay que licitar, adjudicar, construir y entregar. Con los ritmos actuales de tramitación administrativa y los cuellos de botella en suelo y mano de obra, una transferencia de hoy difícilmente se convierte en llaves entregadas antes de 2028 o 2029.

El plan existe. El dinero se mueve. Pero el mercado no va a esperar.