El presidente argentino Javier Milei presentó en cadena nacional el denominado grillete fiscal: una regla permanente que impediría al Congreso aprobar o sostener presupuestos deficitarios. El mecanismo es tan simple como radical: si durante varios meses consecutivos las cuentas públicas arrojan déficit y el Parlamento no corrige la situación en el plazo establecido, se activa automáticamente un shutdown. Se paralizan las actividades no esenciales del Estado, se congelan los gastos nuevos, se frenan las transferencias a las provincias y, sobre todo, el presidente, los ministros, los senadores y los diputados dejan de cobrar su sueldo hasta que se restaure el equilibrio.

La pregunta inevitable es qué pasaría si algo parecido se aplicase en España.

Lo primero que hay que responder es si España tiene el problema que el grillete pretende resolver. Y la respuesta es que sí, y de forma estructural. España lleva más de dos décadas sin aprobar un presupuesto general en plazo en la mayoría de las legislaturas. Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 siguen prorrogados en 2026. El déficit público se mantiene en torno al 3% del PIB y la deuda pública supera el 100% del PIB. Si el grillete fiscal argentino se hubiera aplicado en España en los últimos años, el shutdown habría entrado en vigor en múltiples ocasiones.

¿Habrían cobrado los políticos españoles? Con los presupuestos prorrogados y el déficit sostenido, la respuesta es no. Pedro Sánchez, los ministros, los 350 diputados y los 265 senadores habrían visto suspendidos sus salarios hasta restaurar el equilibrio. Es un escenario que en España resulta casi ciencia ficción, pero que en la lógica del grillete es exactamente el punto: que quien no hace los deberes fiscales pague el coste, y no lo pague el ciudadano.

Las consecuencias prácticas en España serían enormes. Un shutdown paralizaría contratos públicos, licitaciones de obra, transferencias a las comunidades autónomas y contratación de personal. En un país donde el gasto público representa casi el 50% del PIB y donde 3,5 millones de personas trabajan en el sector público, el impacto sería inmediato y visible. Los servicios esenciales, sanidad, pensiones, seguridad, educación, quedarían protegidos como en el modelo argentino. Pero todo lo demás se detendría.

¿Funcionaría? El incentivo es poderoso: ningún político quiere gobernar sin sueldo. Pero el riesgo también es real. Una regla tan rígida puede forzar ajustes bruscos en momentos de crisis económica, precisamente cuando el gasto público actúa como estabilizador. La diferencia entre disciplina fiscal y austeridad procíclica es fina, y cruzarla en el momento equivocado tiene consecuencias sociales que se pagan durante años.

Lo que Milei ha puesto sobre la mesa, más allá de la ideología, es una pregunta que España también debería hacerse: ¿quién paga el coste cuando la política no hace los deberes?