El Gobierno de Pedro Sánchez ha pospuesto hasta septiembre la aprobación del nuevo real decreto de vivienda, prevista para el Consejo de Ministros del pasado martes, al no reunir los apoyos parlamentarios necesarios para garantizar su convalidación en el Congreso.

No es la primera vez. En abril ya fue tumbado un decreto de vivienda de medidas urgentes que incluía una prórroga del alquiler. Mismo guion, distinto mes.

El borrador incluía medidas concretas: prórroga de dos años en contratos de alquiler hasta junio de 2028, subida del IVA en pisos turísticos al 21%, bonificaciones fiscales para propietarios que no suban el alquiler y reformas de la Ley de Suelo. Medidas que gustan a unos y disgustan a otros, que es exactamente el motivo por el que llevan meses sin aprobarse.

El escollo principal es Podemos, que se niega a respaldar el decreto porque la reforma de la Ley de Suelo, a su juicio, incrementa los pelotazos urbanísticos y la especulación.

El resultado es previsible: mientras los partidos negocian, los alquileres siguen subiendo. Mientras el Ejecutivo busca consenso, las familias buscan piso.

Hay algo llamativo en todo esto. El Gobierno lleva legislatura entera con la vivienda como prioridad declarada. Hasta mayo de 2026 solo había ejecutado el 1% del dinero previsto para vivienda en los presupuestos. Un 1%.

Las palabras cuestan poco. Los decretos, al parecer, también se aplazan barato.

Septiembre, dicen. Ya veremos.