Durante más de veinte años, El Salvador fue uno de los países de América Central con menor crecimiento económico. El PIB se expandía entre el 2% y el 2,5% anual de forma casi invariable, en una economía pequeña, abierta y muy dependiente de las remesas de su diáspora en Estados Unidos, que representan entre el 20% y el 25% del PIB. La inversión extranjera era escasa, el turismo era marginal y la construcción privada estaba condicionada por un clima de inseguridad que hacía imposible planificar a medio plazo. Las pandillas controlaban territorios enteros. Los empresarios pagaban extorsiones. Y quien podía, se iba.

Ese contexto ha cambiado de forma radical bajo el gobierno de Nayib Bukele, y los datos económicos de 2026 lo confirman con una contundencia que ya no admite debate. El Banco Central de Reserva de El Salvador acaba de revisar al alza sus previsiones de crecimiento para el año, pasando del 3% estimado en abril al rango del 4,5% al 5%. El Índice de Volumen de la Actividad Económica creció un 5,2% interanual en junio, con avances en ocho de sus nueve componentes. La construcción lidera el crecimiento, seguida de comunicaciones, servicios gubernamentales y sector inmobiliario. En 2025, el PIB cerró con un crecimiento del 3,9%, muy por encima del 2% que esperaba el FMI. En 2026, el país podría encadenar su segundo año consecutivo por encima del 4%.

Los motores del cambio son tres y están directamente vinculados a la política de seguridad de Bukele. El primero es la construcción. El Plan Control Territorial, que comenzó en 2022 con la declaración del estado de excepción y ha resultado en el encarcelamiento de más de 80.000 personas vinculadas a pandillas, liberó territorios donde antes era imposible construir o invertir. La actividad constructora se ha disparado en zonas que llevaban años paralizadas por la extorsión. El segundo es el turismo. El Salvador recibió 4,1 millones de visitantes internacionales en 2025, generando más de 3.600 millones de dólares en ingresos. Entre enero y abril de 2026, la llegada de turistas extranjeros creció un 35% interanual. Un país que no aparecía en ningún mapa turístico hace cinco años se ha convertido en destino emergente con aeropuerto internacional, oferta hotelera en expansión y una narrativa de transformación que los medios internacionales llevan meses amplificando. El tercero es la inversión privada. El BCR registra más de 9.000 millones de dólares en proyectos de inversión privada en desarrollo. La confianza empresarial, medida por encuestas trimestrales, está en máximos históricos.

El debate sobre Bukele es legítimo y necesario. Las medidas de seguridad que han producido este resultado económico han implicado la suspensión de garantías constitucionales, el encarcelamiento masivo sin proceso judicial individualizado y la concentración de poder en el ejecutivo que preocupa a organismos internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado abusos en el sistema carcelario y casos de personas detenidas sin vínculos reales con las pandillas. El precio político y en derechos civiles de la transformación de seguridad es real y no debe ignorarse.

Pero los datos económicos de 2026 tampoco pueden ignorarse. Un país que durante veinte años no conseguía superar el 2,5% de crecimiento está camino del 5%. La inversión crece, el turismo se multiplica, la construcción se reactiva y el banco central casi duplica sus previsiones. La relación causal entre mejora de la seguridad y aceleración económica es tan directa que es difícil atribuirlo a otro factor.

Lo que El Salvador está demostrando, con todas sus contradicciones, es algo que los economistas del desarrollo llevan décadas señalando pero que rara vez se ve en la práctica: la seguridad no es una consecuencia del desarrollo económico. Es su precondición. Sin ella, la inversión no llega, el turismo no viene y la construcción no despega. Con ella, todo lo demás puede arrancar.