El conflicto entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Asuntos Exteriores por la sede de Casa Árabe ha alcanzado un punto de no retorno. El 29 de junio, el alcalde José Luis Martínez-Almeida anunció que el Ayuntamiento recuperaba el edificio de las Escuelas Aguirre, ubicado en el número 62 de la calle Alcalá, donde Casa Árabe lleva instalada desde 2006. El plazo para el desalojo voluntario venció el 1 de septiembre de 2026. Casa Árabe sigue dentro. Y el Ministerio de Exteriores niega estar cometiendo ninguna ilegalidad.

El edificio de las Escuelas Aguirre es propiedad municipal. Fue cedido al Consorcio Casa Árabe, un ente participado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el propio Ayuntamiento, sin contraprestación económica. El Ayuntamiento ha decidido recuperarlo para acometerle obras urgentes de conservación que, según Almeida, son necesarias porque el edificio presenta daños estructurales que suponen un riesgo real para las personas que lo ocupan. La decisión tiene también un trasfondo político: el regidor madrileño vinculó el deterioro de Casa Árabe a la gestión de Irene Lozano, biógrafa de Pedro Sánchez que presidió la institución y cuya etapa fue objeto de un informe del Tribunal de Cuentas que apunta a responsabilidad contable.

El Ministerio de Exteriores, encabezado por José Manuel Albares, rechaza la acusación de ocupación ilegal y argumenta que el marco jurídico del consorcio no permite al Ayuntamiento tomar decisiones unilaterales sobre el desalojo sin convocar el Consejo Rector de la institución, órgano en el que el propio Ayuntamiento tiene representación. Según Exteriores, el Ayuntamiento está negando esa convocatoria para impedir que el proceso se gestione dentro del marco legal del consorcio. El Ayuntamiento replica que es Exteriores quien bloquea la convocatoria del Consejo Rector para evitar que la Comunidad de Madrid pueda abandonarlo formalmente, lo que facilitaría el desalojo.

Mientras el debate jurídico sigue su curso, la web de Casa Árabe mantiene abierta la inscripción para cursos del nuevo año académico 2026-27. Más de medio millar de profesionales del mundo árabe firmaron una petición para que Almeida revocara la decisión. Los alumnos se concentraron el 1 de septiembre frente al edificio bajo el lema Casa Árabe no se toca. Y el Ayuntamiento ya trabaja en un plan alternativo por si el desalojo no llega a materializarse en el corto plazo.

Lo que este conflicto ilustra va más allá de la disputa política entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Madrid. Es un caso de libro sobre cómo los consorcios público-públicos pueden convertirse en estructuras donde nadie tiene autoridad unilateral clara, la toma de decisiones requiere unanimidad de partes con intereses distintos y el resultado es la parálisis. El propietario del inmueble, el Ayuntamiento, no puede desalojar al ocupante porque el marco jurídico del consorcio se lo impide. El ocupante, el Ministerio, no puede quedarse indefinidamente porque el edificio no es suyo. Y el edificio, mientras tanto, se deteriora.

La solución, si llega, tendrá que ser política antes que jurídica. Y en el contexto actual de las relaciones entre el Gobierno de Sánchez y el Ayuntamiento de Almeida, eso no augura una resolución rápida.