Dos estudios del Fondo Monetario Internacional, uno centrado en España y otro en el conjunto de la Unión Europea, llegan a la misma conclusión con independencia del ámbito geográfico analizado: el encarecimiento de la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, está frenando la movilidad laboral. Y eso tiene un coste económico que no aparece en los titulares sobre el precio del metro cuadrado pero que el FMI ha cuantificado con precisión.

La lógica es sencilla y devastadora. Si el precio de la vivienda en las provincias más productivas de España hubiera subido solo con la inflación entre 2017 y 2024, el PIB español habría sido más alto cada año de ese periodo. El gráfico del FMI lo desglosa en dos efectos: más trabajadores llegando a las zonas productivas, representado por las barras grises, y menos trabajadores marchándose de ellas, representado por las barras naranjas. En 2025, el efecto combinado superaría el 1,3% del PIB. No es una simulación teórica. Es el coste real de tener la vivienda cara donde hay trabajo.

La movilidad laboral es uno de los mecanismos fundamentales de asignación eficiente de la mano de obra en cualquier economía. Cuando un trabajador puede trasladarse desde una zona con menor productividad y menores salarios a una zona con mayor productividad y mejores oportunidades, la economía en su conjunto gana: el trabajador mejora su situación, la empresa obtiene el talento que necesita y el PIB crece. Pero ese mecanismo tiene un prerequisito que a menudo se da por supuesto: que el trabajador pueda permitirse vivir en la zona de destino.

En España, ese prerequisito ha dejado de cumplirse para una parte creciente de la población activa. Un trabajador de Jaén con empleo precario y sueldo bajo que detecta una oportunidad laboral en Madrid necesita afrontar un alquiler medio que supera los 1.500 euros al mes antes de poder aceptar esa oferta. Si su sueldo potencial en Madrid es de 2.200 euros netos, la ecuación apenas cierra. Si tiene familia, no cierra en absoluto. El resultado: se queda en Jaén, la empresa de Madrid no cubre la vacante con el perfil que necesita y la economía pierde productividad en ambos extremos.

El segundo estudio del FMI añade una dimensión de desigualdad que agrava el diagnóstico. La ampliación de la brecha de ingresos y riqueza entre propietarios e inquilinos, directamente causada por el alza de los precios de la vivienda, se ha visto agravada por el coste de eficiencia derivado de la menor movilidad laboral. Es decir, quien ya tiene una vivienda en propiedad en una zona productiva gana en patrimonio y en acceso a oportunidades laborales. Quien no tiene esa propiedad y vive de alquiler pierde en poder adquisitivo y además queda bloqueado geográficamente. La vivienda no solo genera desigualdad de riqueza. Genera desigualdad de oportunidades.

Los datos del INE confirman la tendencia. La movilidad interprovincial en España ha caído de forma sostenida en los últimos años. Las comunidades con mayor dinamismo económico, Madrid, Cataluña, País Vasco, concentran la demanda laboral pero también los precios más altos. Y las regiones con mayor desempleo estructural y menor productividad, Extremadura, Andalucía, Murcia, pierden población activa joven no porque no haya demanda en otras zonas, sino porque el coste de trasladarse es inasumible.

El debate sobre la vivienda en España se ha centrado casi exclusivamente en el acceso residencial: quién puede comprar, quién puede alquilar, qué pasa con los jóvenes que no se emancipan. Es un debate legítimo e importante. Pero el FMI añade una dimensión que apenas aparece en la conversación política: la vivienda cara tiene un coste macroeconómico directo sobre el PIB, la productividad y la asignación eficiente del talento. No es solo un problema de justicia social. Es un problema de eficiencia económica que le cuesta al país más de un punto de PIB al año.

Solucionar la crisis de vivienda no es solo una cuestión de bienestar. Es una condición necesaria para que la economía española funcione a su pleno potencial.