España ha reconocido formalmente ante la Comisión Europea que no podrá cumplir dos de sus compromisos de vivienda financiados con fondos NextGenerationEU. El reconocimiento figura en la Adenda de Simplificación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobada en diciembre de 2025, y ha salido a la luz a raíz de una solicitud de acceso a la información sobre la reasignación de 1.330 millones de euros vinculados a esos programas.

Los dos compromisos incumplidos son la construcción de vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes y la rehabilitación de entornos residenciales. El primero es el más llamativo: el Gobierno se había comprometido ante Bruselas a construir 25.000 viviendas sociales con cargo al PRTR. Entre julio de 2023 y septiembre de 2024, el número de viviendas efectivamente construidas en el marco de ese plan fue de 244. No 24.000. No 2.400. Doscientas cuarenta y cuatro.

La explicación oficial apunta a la prórroga presupuestaria. España lleva en vigor la Ley de Presupuestos de 2023, que sigue rigiendo en 2026, y esa situación ha limitado la capacidad de ejecución de los programas del PRTR. La Adenda de Simplificación reformuló varios hitos del plan original, y el reconocimiento sobre los programas de vivienda es uno de los ajustes introducidos en ese proceso. En la práctica, eso significa que los 1.330 millones de euros vinculados a esos compromisos se han reasignado a otros usos. El dinero europeo para vivienda social no ha desaparecido del plan. Ha cambiado de destino.

El contraste con las promesas es difícil de suavizar. El Gobierno de Sánchez lleva años situando la vivienda como una de sus prioridades políticas. La Ley de Vivienda de 2023 fue presentada como un hito histórico. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones, se anunció con ambición. Y sin embargo, el resultado concreto en vivienda pública construida con los fondos europeos de la recuperación es de 244 unidades en más de un año de ejecución.

El parque público de vivienda en España representa el 2% del total, frente al 9,3% de la media europea. Francia tiene más del 17%. Los Países Bajos, el 34%. Austria, el 24%. La distancia entre España y sus socios europeos no se cierra con declaraciones ni con planes. Se cierra construyendo. Y construir requiere una cosa que el Gobierno no ha podido o no ha querido garantizar: presupuestos aprobados y ejecución real del gasto comprometido.

La reasignación de 1.330 millones es, en términos presupuestarios, una operación técnica. En términos políticos es otra cosa: la confirmación de que el principal programa de inversión europea postcovid en España no ha cumplido sus objetivos en el área que más preocupa a los ciudadanos. El CIS lo lleva meses señalando: la vivienda es el principal problema para los españoles según sus propias encuestas. Y el Gobierno que lleva ese problema como bandera acaba de reconocer ante Bruselas que no ha podido construir lo que prometió.

El debate sobre causas es legítimo. La fragmentación competencial entre Estado y comunidades autónomas complica la ejecución. La prórroga presupuestaria limita los márgenes. La burocracia de los fondos europeos tiene sus propios tiempos. Todo eso es cierto. Y también es cierto que 244 viviendas construidas sobre un compromiso de 25.000 es un resultado que no admite muchas lecturas alternativas.