El Real Decreto-Ley de vivienda que el Gobierno de Sánchez lleva meses intentando aprobar sigue sin tener los apoyos parlamentarios necesarios para su convalidación en el Congreso. El texto, que debía aprobarse en el Consejo de Ministros en julio, fue aplazado a septiembre por falta de votos. Y en septiembre, según fuentes del propio Ejecutivo, los escollos con Junts continúan sin resolverse. El Gobierno negocia. Los socios piden. El decreto espera. Y la crisis de vivienda, mientras tanto, sigue su curso.

Para entender el bloqueo hay que entender qué contiene el decreto y por qué desata tantos frentes simultáneos. El texto incluye varias medidas que afectan a segmentos distintos del mercado: una prórroga de los contratos de alquiler hasta 2028 para inquilinos que estén al corriente de pago, una regulación del alquiler de temporada que establece que los contratos de más de 12 meses o la sucesión de más de dos contratos temporales consecutivos se considerarán arrendamiento habitual a todos los efectos, cambios en los procedimientos de desahucio y una reforma de la ley del suelo para facilitar la clasificación de suelo urbanizable.

El primer frente de bloqueo es Junts. El partido de Carles Puigdemont ha exigido un giro de 180 grados en el texto como condición para su apoyo. Sus demandas son de signo contrario a las del ala izquierda del Gobierno: bonificaciones fiscales en el IRPF para propietarios que alquilen a precios asequibles, medidas más contundentes contra la ocupación ilegal y cambios en la regulación del alquiler de temporada. El Ministerio de Vivienda se queja de que Junts siempre acaba abriendo carpetas de otros asuntos, convirtiendo el decreto de vivienda en moneda de cambio para negociaciones que poco tienen que ver con la política habitacional.

El segundo frente es Podemos, que se niega a sentarse a negociar si no se retira la reforma de la ley del suelo incluida en el texto, alegando que abre la puerta a más especulación y pelotazos urbanísticos. La reforma del suelo es precisamente uno de los elementos que el sector promotor considera imprescindible para desbloquear el acceso a suelo finalista y acelerar la construcción de vivienda nueva. Pero para Podemos y para organizaciones ecologistas es inaceptable porque podría facilitar la urbanización de suelo natural protegido.

El tercer frente es interno. Dentro del propio Gobierno de coalición, PSOE y Sumar no han cerrado un acuerdo sobre los incentivos fiscales. El PSOE estudió incluir una deducción en el IRPF por compra de vivienda habitual, un incentivo que estuvo vigente hasta 2012 y que Junts exige como condición. Sumar se opone a esa medida por considerarla un estímulo a la demanda que podría presionar aún más los precios en lugar de facilitar el acceso. La negociación interna entre los dos socios de Gobierno es tan complicada como la negociación con los partidos externos.

El resultado de ese triple bloqueo es un decreto que lleva meses en el aire y que, si no se logra un acuerdo en septiembre, podría tener que convertirse en un Proyecto de Ley ordinario con tramitación parlamentaria mucho más larga. Un proyecto de ley tarda entre uno y dos años en completar su tramitación en el Congreso. Mientras tanto, la prórroga de alquileres que el Gobierno quiere extender hasta 2028 quedaría sin el respaldo legal necesario, dejando a miles de inquilinos con contratos que vencen en un contexto de precios en máximos históricos.

Lo que el bloqueo del decreto ilustra con claridad es una de las limitaciones más profundas de la política de vivienda en España: la fragmentación parlamentaria convierte cualquier medida de calado en moneda de cambio para negociaciones que poco tienen que ver con el problema real. Junts no exige sus condiciones porque tenga una posición ideológica clara sobre la política de vivienda. Las exige porque el decreto es un punto de presión que le permite negociar otras cosas. Podemos no bloquea el decreto porque tenga una alternativa mejor sobre la mesa. Lo bloquea porque la reforma del suelo cruza su línea roja ideológica. Y el PSOE y Sumar no llegan a un acuerdo interno porque sus bases electorales tienen visiones distintas sobre qué debe hacer el Estado en el mercado inmobiliario.

El precio de esa parálisis lo paga el mercado. Cada mes que el decreto sigue sin aprobarse es un mes en el que la regulación del alquiler de temporada, que se usa como vía de escape a las zonas tensionadas, sigue sin los límites que el Gobierno pretende establecer. Es un mes en el que la reforma del suelo que facilitaría nueva oferta no avanza. Y es un mes en el que el mercado de alquiler sigue subiendo al 5,8% interanual mientras el parque público de vivienda sigue siendo el 2% del total.

La política de vivienda en España tiene un problema de escala y un problema de velocidad. El decreto, si finalmente se aprueba, no resuelve ninguno de los dos. Pero su bloqueo indefinido los agrava.