Así es la gigafactoría de Stellantis y CATL en Figueruelas, Zaragoza. Y la noticia de ayer abre un debate que va mucho más allá del sector de la automoción.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado que los trabajadores procedentes de China que participen en la construcción de la gigafactoría se alojarán en un complejo temporal dentro de los propios terrenos de la planta, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y apoyo técnico del Gobierno de Aragón.
Actualmente hay 172 trabajadores chinos en la planta, centrados en tareas de diseño y preparación. Durante la fase de construcción se espera una media de 1.000 trabajadores, con picos de hasta 1.700. Los 4.000 empleos con la puesta en marcha de la factoría serán locales.
El modelo no es nuevo. China lo aplica en sus grandes proyectos de infraestructura en África y Asia desde hace décadas: llevas a tus propios trabajadores, los alojas dentro del perímetro, controlas los plazos y minimizas la dependencia del mercado laboral local. Funciona. Y genera tensión allá donde se aplica.
Aquí la pregunta no es si el proyecto es estratégico —lo es, y mucho— sino qué significa para España importar mano de obra especializada a esta escala cuando el paro juvenil ronda el 25% y la formación técnica en baterías es aún incipiente.
La inversión total es de 4.100 millones de euros, la planta ocupará 89 hectáreas y tendrá capacidad de producción de 50 GWh. Es el mayor proyecto industrial en España en años. Nadie discute su relevancia.
Lo que sí merece discusión es si España está aprovechando este tipo de proyectos para transferir conocimiento y formar trabajadores propios, o simplemente para poner el suelo y esperar a que lleguen los empleos prometidos.
La gigafactoría es una oportunidad. Que no se convierta solo en un enclave