El Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro junto con investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Complutense de Madrid, analizó los primeros anuncios publicados en el portal de Casa 47 horas después de su presentación oficial. Las conclusiones son incómodas para el Ministerio de Vivienda: el portal de alquiler asequible del Estado arranca con graves infracciones normativas y, en algunos casos, con precios superiores a los del mercado libre en las mismas zonas.

El primero y más llamativo de los problemas es el del precio. El caso más documentado está en Turís, un municipio de la Comunidad Valenciana. Casa 47 oferta allí 19 viviendas de tres dormitorios y tres baños con alquileres que oscilan entre los 721 y los 956 euros mensuales. El problema es doble. Por un lado, viviendas similares en Turís, con tres dormitorios, dos baños, plaza de garaje y amuebladas, se han anunciado en los últimos meses en el mercado libre entre 650 y 800 euros. La oferta pública de alquiler asequible llega hasta los 956 euros, por encima del precio de mercado libre de un inmueble comparable. Por otro lado, el municipio tiene una renta neta media por hogar de 31.713 euros anuales, equivalentes a 2.642 euros mensuales. Ocho de las 19 viviendas ofertadas en Turís superan el umbral de esfuerzo del 30% de los ingresos del hogar. Las seis más caras, a 927 y 956 euros, llevan ese esfuerzo por encima del 35%. El alquiler asequible diseñado para facilitar el acceso exige, en esos casos, más de lo que el propio Gobierno considera razonable.

El segundo problema es la información energética. Los anuncios de Casa 47 no muestran la etiqueta de eficiencia energética, pese a que el Real Decreto 390/2021 exige incluirla en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento de un inmueble. Lo que sí aparece en los anuncios es la mención de calificación energética superior junto a la letra de la calificación, sin importar si esta es A, D, E o F. Esa presentación puede inducir a error: un inquilino que lee que su vivienda tiene calificación energética superior puede asumir que el consumo será bajo, cuando en realidad podría tener una etiqueta E o F, lo que se traduce en facturas eléctricas significativamente más altas. El Observatorio recuerda que el Real Decreto 390/2021 prohíbe expresamente la utilización de etiquetas o inscripciones que puedan inducir a error o confusión en materia de certificación energética.

El tercer problema es la omisión de los gastos de comunidad. En los anuncios del portal no se menciona ese coste. Pero las bases de las convocatorias sí especifican que los gastos de comunidad corren a cargo del inquilino. En Cataluña, el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos exige que el importe anual de esos gastos conste por escrito para que el pacto sea válido. Sin esa información en el anuncio, el futuro inquilino no puede calcular el coste real del alquiler antes de solicitar la vivienda.

El cuarto problema es el incumplimiento de la normativa de zonas tensionadas. Varias de las viviendas publicadas en el portal de Casa 47 se encuentran en ubicaciones declaradas como zonas de mercado residencial tensionado. La legislación vigente, y en particular la reforma del artículo 59 de la Ley catalana 18/2007 de marzo de 2026, exige detallar en los anuncios el precio máximo del índice de referencia, la última renta vigente de los últimos cinco años y la condición de gran tenedor. Ninguno de los anuncios de la plataforma dispone de esa información. El Estado, que exige esa información al propietario privado que alquila en zona tensionada, no la incluye en sus propios anuncios.

La paradoja que todo esto dibuja es notable. El Gobierno presentó Casa 47 como el inicio de una nueva era en la política de vivienda pública. Un modelo transparente, con sorteo ante notario, contratos de hasta 75 años y blindaje permanente contra la privatización. Todo eso puede ser cierto y coexistir con un portal que en su primera semana de funcionamiento incumple la normativa energética, omite los gastos de comunidad, presenta información engañosa sobre la calificación energética y en algunos casos ofrece viviendas más caras que el mercado libre en las mismas zonas.

El problema no invalida el proyecto. Pero sí señala la distancia entre el anuncio y la ejecución. Y en política de vivienda, esa distancia es exactamente donde se ha perdido la credibilidad en España durante décadas.