La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció el 13 de septiembre que Casa 47, la empresa pública de vivienda lanzada la semana anterior, tendrá una oferta de 100.000 pisos en alquiler en el plazo de diez años. La declaración llegó en respuesta a las críticas por el arranque del portal, que en su primera tanda publicó 638 viviendas disponibles, no las 800 que el Gobierno había anunciado en la presentación oficial del lunes anterior. La ministra atribuyó la cifra reducida a la lentitud del proceso de absorción de los activos de la Sareb y de otros organismos públicos, y aseguró que la oferta aumentará de forma intensa todos los trimestres.

El número merece ser leído con toda su dimensión. 100.000 viviendas en diez años significa 10.000 viviendas al año. España tiene un déficit acumulado de entre 740.000 y un millón de viviendas y necesita construir más de 230.000 unidades anuales durante una década para cerrar esa brecha. El objetivo de Casa 47, incluso si se cumple en su totalidad, cubre el 4,3% de la necesidad anual estimada. No es una solución al problema de vivienda. Es una contribución parcial a una solución que requeriría una escala entre veinte y veinticinco veces mayor.

La comparación con las promesas anteriores del propio Gobierno añade otra capa de contexto que no se puede ignorar. Hace dos años, el presidente Sánchez prometió 184.000 viviendas públicas. El objetivo actual de 100.000 en diez años representa una reducción significativa respecto a aquella promesa. Y el punto de partida real es de 638 viviendas, no las 184.000 prometidas ni las 100.000 proyectadas.

La lentitud de la absorción de activos de la Sareb que la ministra cita como causa del arranque reducido es real y documentada. Sareb tiene más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos comprometidos para su transferencia a Casa 47, pero la ejecución de esa transferencia choca con múltiples cuellos de botella: inmuebles ocupados ilegalmente que no pueden traspasarse, activos en mal estado que requieren rehabilitación antes de ser habitables, disputas entre servicers sobre la gestión de la cartera y plazos judiciales que alargan indefinidamente la recuperación de la posesión de los inmuebles con ocupantes. El propio Sareb reconoció esta semana que llegará a su liquidación en noviembre de 2027 con inmuebles ocupados sin recuperar y con contratos de gestión prorrogados más allá de esa fecha.

El objetivo de 100.000 viviendas en diez años también oculta una pregunta que la ministra no respondió en la entrevista: de dónde saldrán esas 100.000 viviendas. El parque de Sareb transferible, descontando los inmuebles ocupados y en mal estado, no alcanza esa cifra. Lo que significa que parte de las 100.000 viviendas prometidas tendrán que construirse o adquirirse con recursos públicos adicionales. La capacidad de ejecutar ese gasto depende, entre otras cosas, de que España tenga presupuestos aprobados. Y los presupuestos llevan prorrogados desde 2023.

En Madrid capital, la ministra anunció que se incorporarán al portal 10.000 viviendas vinculadas al futuro barrio de Campamento, el gran proyecto urbanístico del sur de Madrid. Son viviendas que todavía no existen, que dependen de una tramitación urbanística que lleva años y que no estarán disponibles en el horizonte inmediato. La promesa de Campamento como solución al déficit de Casa 47 en Madrid es exactamente el tipo de anuncio que explica por qué la política de vivienda en España tiene un problema de credibilidad estructural: soluciones reales prometidas para plazos que siempre quedan fuera del horizonte inmediato.

El parque público de vivienda en España representa hoy el 2% del total, frente al 9,3% de la media europea, el 17% de Francia o el 34% de los Países Bajos. Llegar al 2,4% en diez años con las 100.000 viviendas prometidas no cierra esa brecha. La acerca marginalmente. Construir el parque público que España necesita para estar en la media europea requeriría añadir entre 1,5 y 2 millones de viviendas al parque público actual. Eso no se hace en una legislatura. Ni en dos. Requiere una política de Estado sostenida durante décadas, con presupuestos aprobados, suelo disponible y coordinación entre todas las administraciones. Nada de lo cual existe en la escala necesaria en España en este momento.