Casa 47 nació con una promesa sencilla y fácil de entender: ofrecer viviendas públicas en alquiler a precios que las familias pudieran asumir sin comprometer su economía. Sin embargo, algunas de las viviendas anunciadas en su portal plantean una contradicción difícil de ignorar. Cuando al precio del alquiler se añaden los gastos obligatorios asociados a la vivienda y los suministros básicos, el esfuerzo económico puede superar el 35% de los ingresos del hogar.

La Ley de Vivienda establece que una vivienda puede considerarse asequible cuando el coste total asociado a su ocupación no supera, con carácter general, el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia. Y la expresión «coste total» es importante. No basta con mirar exclusivamente la renta mensual. También deben tenerse en cuenta los gastos que el inquilino está obligado a pagar y los suministros básicos necesarios para vivir en el inmueble.

Sin embargo, en algunas viviendas publicadas por Casa 47 el cálculo de acceso parece realizarse considerando únicamente la mensualidad del alquiler. Esto permite presentar determinadas ofertas como asequibles sobre el papel, aunque el esfuerzo real que deberá soportar la familia sea superior cuando se incorporan el resto de los costes.

Seis viviendas anunciadas con rentas comprendidas entre 927 y 956 euros mensuales ya representarían más del 35% de los ingresos netos mínimos exigidos a algunos solicitantes. Si, además, el futuro inquilino debe asumir otros gastos vinculados al inmueble y pagar electricidad, agua, gas o telecomunicaciones, su presupuesto familiar queda todavía más tensionado.

El problema no es únicamente matemático. Es también conceptual. Una vivienda pública no debería considerarse asequible simplemente porque su precio sea inferior al de mercado. Puede costar menos que un alquiler privado de la zona y continuar siendo demasiado cara para el hogar al que va dirigida.

Tomemos como ejemplo una familia que ingresa aproximadamente 2.643 euros netos al mes. Un alquiler de 956 euros ya consume algo más del 36% de sus ingresos antes de encender la luz, contratar internet o pagar cualquier otro gasto relacionado con la vivienda. Tras incorporar esos costes, el dinero disponible para alimentación, transporte, educación, ahorro o imprevistos se reduce de forma considerable.

Este esfuerzo puede ser todavía más difícil de soportar para las familias con hijos, los hogares monoparentales o las personas que dependen de ingresos variables. Un alquiler estable no garantiza estabilidad económica cuando absorbe una parte excesiva del presupuesto mensual.

Casa 47 ofrece contratos con una duración inicial de 14 años que pueden prorrogarse sucesivamente hasta alcanzar los 75. La estabilidad contractual es una ventaja indudable frente a la incertidumbre del mercado privado. Pero un contrato largo solo proporciona seguridad si la renta y los gastos asociados continúan siendo asumibles durante todo ese periodo.

La entidad también exige que los solicitantes cumplan determinados requisitos económicos y que no dispongan de otra vivienda en propiedad. Las adjudicaciones se realizan mediante sorteo, lo que pretende introducir transparencia e igualdad entre las personas que cumplen las condiciones.

El modelo persigue atender principalmente a una clase media que gana demasiado para acceder a determinados programas sociales, pero no lo suficiente para soportar los precios del mercado libre. Precisamente por eso resulta esencial que el esfuerzo económico se calcule utilizando todos los gastos reales y no únicamente la cifra que aparece como renta mensual.

La discusión tampoco debería reducirse a si estas viviendas son más baratas que las disponibles en los portales inmobiliarios. La vivienda pública tiene una finalidad diferente. No consiste en aplicar un pequeño descuento sobre un mercado tensionado, sino en ofrecer una alternativa verdaderamente compatible con los ingresos de las familias.

Si una vivienda pública exige destinar más del 35% de los ingresos antes de cubrir el resto de las necesidades básicas, existe un problema de diseño. Y si el cálculo excluye costes obligatorios que la propia normativa considera necesarios para medir la asequibilidad, existe también un problema de transparencia.

Casa 47 puede convertirse en una herramienta importante para ampliar el parque público y ofrecer estabilidad a miles de hogares. Pero para conseguirlo debe aplicar a sus propias viviendas el mismo criterio que se exige al mercado: claridad en los anuncios, información completa sobre todos los gastos y una tasa de esfuerzo calculada sobre el coste real de vivir en la vivienda.

Porque un alquiler público no se convierte automáticamente en asequible por llevar la etiqueta de vivienda pública. Lo es cuando una familia puede pagarlo sin tener que renunciar a todo lo demás.