El caso de Maricarmen, la anciana desahuciada esta semana en Madrid en una escena que recorrió todos los medios, ha destapado una contradicción en el núcleo de la política de vivienda pública del Gobierno que merece ser analizada con precisión, sin el ruido del debate político que rodea al caso.

Casa 47, la empresa estatal del Ministerio de Vivienda dotada con 100 millones de euros y lanzada en marzo de 2026, tiene una norma explícita en su convocatoria oficial que prohíbe comprar pisos con inquilino dentro. El texto es taxativo: las viviendas deberán transmitirse libres de cargas y gravámenes de cualquier naturaleza, así como de arrendatarios, ocupantes, precaristas u otras personas con derechos de uso o tenencia desde, al menos, los dos meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria. La ministra Isabel Rodríguez incluyó esa cláusula con una lógica comprensible: evitar que el dinero público se destinara a pisos que después pudieran tener dificultades para ponerse en el mercado de alquiler asequible.

Lo que el caso Maricarmen ha revelado es que el Gobierno intentó saltarse su propia norma. Según confirman fuentes del propio Ministerio de Vivienda, Casa 47 ofreció en las últimas semanas adquirir el piso a Urbagestión, la pequeña sociedad propietaria del inmueble, pese a que esa compra estaba expresamente prohibida por la convocatoria en vigor. La fórmula que el Ministerio había encontrado para dar cobertura legal a la operación era activar una nueva convocatoria en paralelo a la ya existente, específicamente diseñada para permitir la compra de inmuebles con arrendatario dentro, y cerrar la compra bajo esa nueva convocatoria.

El plan no llegó a ejecutarse porque Urbagestión se negó a negociar. Según el Ministerio, los directivos de la sociedad, Ricardo y Fernando Alonso, no quisieron escuchar ninguna oferta. No respondieron a las consultas periodísticas ni dieron su versión de los hechos.

Aquí conviene hacer una pausa. El Ministerio afirma que Urbagestión no les dio oportunidad de poner una cifra sobre la mesa. Pero el Ministerio tampoco ha revelado qué precio estaba dispuesto a ofrecer. Y ese dato es el que cambia completamente la narrativa. Casa 47 es un instrumento de compra pública que tiene que justificar cada euro ante los contribuyentes, lo que históricamente implica ofertas con descuento sobre el valor de mercado. Si el Estado llegó a la negociación con una oferta significativamente por debajo del precio que el mercado pagaría por ese piso en Madrid libre de inquilino, es perfectamente comprensible que cualquier propietario la rechazara sin necesidad de ser un especulador. Sin conocer la cifra que el Ministerio estaba dispuesto a poner sobre la mesa, no es posible determinar si Urbagestión rechazó una oferta justa o si simplemente el Estado no estaba dispuesto a pagar el precio de mercado. Y es bastante probable que fuera lo segundo.

El perfil de Urbagestión añade una capa más a esa lectura. La empresa es una pyme de cinco empleados que en 2025 declaró unos beneficios de 2.990 euros sobre una cifra de negocio de 586.000 euros, muy por debajo de los 165.282 euros de beneficio y los 900.000 de facturación del año anterior. Con esos números, ese piso en Madrid podría ser uno de sus activos más valiosos. Un propietario en esa situación financiera tiene incentivos muy claros para maximizar el precio de venta y ningún incentivo para aceptar una oferta pública por debajo del mercado, aunque eso suponga el desahucio de una inquilina anciana. Es una decisión moralmente incómoda. Pero dentro de la lógica de cualquier propietario privado que necesita rentabilizar su activo, es perfectamente racional.

Hay varios elementos en este caso que merecen ser analizados por separado más allá de la transacción frustrada.

El primero es la contradicción institucional. Una empresa pública diseña sus reglas de compra explícitamente para excluir inmuebles con inquilino. Seis meses después, ante un caso mediáticamente sensible, intenta hacer exactamente lo que sus propias reglas prohíben, usando una convocatoria paralela como mecanismo para sortear la restricción. Eso no es flexibilidad institucional. Es evidencia de que las reglas se diseñaron sin considerar el tipo de situaciones que la política de vivienda dice querer resolver.

El segundo es lo que viene. El Ministerio ha paralizado la nueva convocatoria que habría permitido comprar pisos con arrendatario dentro, pero confirma que la idea sigue sobre la mesa y que hay disposición a lanzarla cuando acabe la convocatoria actual. Eso significa que Casa 47 podría convertirse en un instrumento para que el Estado absorba inmuebles con inquilinos con dificultades de pago. El Sareb, el banco malo de mayoría estatal, ya transitó ese camino y tuvo graves dificultades durante años para gestionar los ocupantes de los pisos que asumió tras el hundimiento de las cajas de ahorros. La lección de esa experiencia es que el Estado es un propietario estructuralmente mal equipado para gestionar la morosidad y los desahucios en su propio parque de vivienda.

Lo que el caso Maricarmen ilustra no es solo un drama humano, que lo es. Es la distancia entre el diseño de una política pública de vivienda y la realidad del mercado que esa política pretende transformar. Casa 47 tiene 638 viviendas, la mayoría en municipios de menos de 10.000 habitantes donde la presión del mercado no es el problema. El piso de Maricarmen está en Madrid. Y el Estado no pudo comprarlo, probablemente porque no estaba dispuesto a pagar lo que el mercado vale. Y eso es exactamente el problema de fondo de Casa 47 desde el primer día.