El Pleno del Congreso admitió a trámite el martes 22 de septiembre la proposición de ley de Podemos que elimina los coeficientes reductores para quienes acumulen 40 o más años cotizados y quieran anticipar su jubilación. El texto salió adelante con el respaldo del PSOE y de Sumar, los dos partidos que sostienen el Gobierno de coalición. El PP y Vox votaron en contra.

La admisión a trámite no convierte la propuesta en ley. Abre un recorrido parlamentario de meses en el que el texto recibirá enmiendas y tendrá que superar nuevas votaciones antes de poder aplicarse. Pero el respaldo del Gobierno a su tramitación es una señal política clara: la medida tiene posibilidades reales de convertirse en ley antes del fin de la legislatura.

Lo que la proposición plantea es sencillo en su formulación pero con consecuencias complejas en su aplicación. Actualmente, anticipar la jubilación antes de la edad legal implica la aplicación de coeficientes reductores que recortan la pensión mensual en función de los meses o años de adelanto. Quien se jubila dos años antes de la edad legal con 38 años cotizados cobra una pensión significativamente inferior a la que cobraría si esperara. La proposición de Podemos propone eliminar esos coeficientes reductores para quienes hayan cotizado 40 años o más, reconociendo que una carrera laboral de esa longitud merece un tratamiento diferenciado.

La medida tiene además un componente retroactivo. Podemos propone que quienes ya se jubilaron con 40 o más años cotizados y sufrieron los coeficientes reductores puedan solicitar a la Seguridad Social que recalcule su pensión bajo las nuevas normas. Eso amplía significativamente el universo de afectados y el coste fiscal de la medida.

El perfil de quien se beneficiaría de esta medida merece un análisis específico. Para acumular 40 años de cotización a la Seguridad Social es necesario haber empezado a trabajar muy joven, en muchos casos antes de los 20 años, y haber mantenido una carrera laboral continua durante cuatro décadas. Son perfiles que corresponden en su mayoría a generaciones que accedieron al mercado de trabajo en los años ochenta y noventa, frecuentemente en sectores manuales, industriales o de construcción, con trayectorias físicamente exigentes que hacen especialmente duro mantener la actividad laboral hasta los 67 años.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, lo planteó con claridad desde la tribuna del Congreso: ¿cómo es posible que en la cuarta economía de la eurozona sigamos teniendo personas que han cotizado más de 40 años a la Seguridad Social que ven recortada su pensión? El argumento moral es sólido. El argumento fiscal es más complicado.

El coste de la medida supera los 3.358 millones de euros anuales, según las estimaciones disponibles. Ese coste se produce en un sistema de pensiones que ya enfrenta presiones estructurales significativas: la generación del baby boom está llegando a la edad de jubilación, la ratio de cotizantes por pensionista lleva años cayendo y las proyecciones demográficas apuntan a que esa presión se intensificará durante la próxima década. Añadir 3.300 millones de euros anuales de gasto adicional al sistema, más el coste retroactivo del recálculo de pensiones ya causadas, es una decisión que tiene consecuencias sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema que no desaparecen porque el argumento de justicia sea válido.

El PP ha criticado la propuesta señalando que el PSOE votó en contra de una reforma similar hace apenas unos meses cuando Podemos la planteó vía enmienda. El giro del Gobierno responde a la aritmética parlamentaria de la coalición, no a un cambio de criterio técnico sobre la sostenibilidad del sistema. El portavoz del PP en la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo admitió que la medida tiene sentido desde el punto de vista de la justicia, pero cuestionó su viabilidad financiera sin financiación adicional claramente identificada.

La tensión entre la justicia de la medida y su coste fiscal es exactamente el dilema que el sistema de pensiones español va a tener que resolver durante los próximos años de forma recurrente. La generación que cotizó durante cuatro décadas en condiciones físicamente exigentes tiene argumentos legítimos para pedir un reconocimiento del sistema. Y el sistema tiene una matemática que no desaparece con una votación parlamentaria. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Y la forma en que se resuelva esa tensión determinará en gran medida la sostenibilidad de las pensiones en España durante la próxima década.