El 23 de septiembre de 2026, una mujer de 87 años abandonó la vivienda en la que había vivido durante 71 años. La resolución judicial fue conforme a derecho. El propietario ejerció las facultades que los tribunales le reconocían. Precisamente por eso la imagen resulta todavía más incómoda: cuando para explicar un desenlace socialmente insoportable basta con responder que todo se hizo conforme a la ley, el problema probablemente empezó mucho antes de llegar al juzgado.

El caso de Maricarmen no es excepcional en su mecanismo jurídico. Es excepcional en su visibilidad. En 2025 se registraron 25.540 lanzamientos judiciales en España, según datos del Poder Judicial. El 71,7%, unos 18.300, correspondieron a contratos de arrendamiento. El escudo antidesahucios, que desde la pandemia había suspendido los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, fue rechazado en febrero de 2026 con los votos en contra de PP, Junts y Vox, y no ha sido renovado. El decreto de vivienda que contemplaba una protección estructural permanente lleva meses bloqueado en el Congreso, con Podemos y Junts oponiéndose por motivos distintos.

El resultado de esa parálisis legislativa es que más de 70.000 familias afrontan procesos de desahucio reactivados tras el fin de las moratorias. Maricarmen era una de ellas.

La cronología del caso ilustra la acumulación de fallos del sistema. Maricarmen llevaba en su piso desde 1956 bajo un contrato de renta antigua que la protegía con una renta de aproximadamente 500 euros al mes. Cuando el edificio cambió de manos, la nueva propiedad exigió 2.650 euros al mes, más del doble de su pensión de 1.350 euros. Una sentencia del Tribunal Supremo de 2023 dio la razón a los propietarios. El desahucio se aplazó varias veces. Las administraciones ofrecieron alternativas que el entorno de Maricarmen consideró inadecuadas. Naciones Unidas pidió una solución habitacional apropiada. Una donante anónima se ofreció a pagar la diferencia del alquiler. No hubo acuerdo. El 23 de septiembre, la comisión judicial ejecutó el lanzamiento.

El Ministerio de Vivienda intentó comprar el piso a Urbagestión, la pequeña sociedad propietaria, para convertir a Maricarmen en inquilina del Estado, saltándose sus propias normas de Casa 47 que prohíben comprar pisos con inquilino dentro. Urbagestión se negó a negociar. El Ministerio no ha revelado qué precio estaba dispuesto a ofrecer, y ese dato es relevante: Casa 47 compra con descuento sobre el valor de mercado para justificar el uso de dinero público. Si la oferta estaba por debajo del precio que el mercado pagaría por ese piso en Madrid libre de cargas, la negativa del propietario es comprensible aunque el resultado sea socialmente inaceptable.

Lo que el caso Maricarmen pone de manifiesto no admite una lectura simple. Que la resolución judicial fuera conforme a derecho no significa que el sistema funcione bien. Que el propietario ejerciera sus derechos legítimamente no significa que las administraciones hicieran todo lo posible para evitar el desenlace. Que las administraciones intentaran intervenir no significa que lo hicieran con los instrumentos adecuados ni con la suficiente anticipación.

El escudo antidesahucios fue una medida de emergencia nacida en la pandemia que se prorrogó año tras año sin convertirse nunca en legislación estructural. Su caída ha dejado a miles de familias en situación de vulnerabilidad sin la protección que tenían. El decreto de vivienda que debería haber substituido esa protección lleva meses paralizado en el Congreso por un bloqueo que involucra a partidos de todos los espectros. Y el resultado de esa parálisis tiene nombre y apellidos: Maricarmen, 87 años, 71 años en el mismo piso, saliendo en camilla el 23 de septiembre de 2026.

Una moratoria de emergencia puede evitar el próximo desahucio mediático. No puede resolver el problema estructural de un mercado de vivienda con déficit acumulado de 750.000 unidades, precios subiendo al 12% interanual y un ritmo de construcción de 100.000 viviendas al año frente a una creación de 272.000 hogares nuevos anuales. Mientras esa brecha no se cierre, habrá más Maricarmens. Con nombre distinto y sin cámara de televisión delante.