Lo que se ha revelado un día después del desahucio: Urbagestión Desarrollo e Inversión SL presentó en enero de 2026 una querella criminal contra el Sindicato de Inquilinas de Madrid por presuntos delitos de coacción, revelación de secretos y vulneración del derecho al honor. La querella llega al debate público en el momento de máxima visibilidad mediática del caso Maricarmen y añade una capa jurídica al conflicto que el relato dominante sobre el desahucio había omitido completamente.

El detonante de la querella, según la propia empresa, fue la campaña que el Sindicato de Inquilinas de Madrid desarrolló para intentar paralizar el desahucio de Maricarmen. Urbagestión acusa al sindicato de haber iniciado una campaña agresiva que incluía la publicación en su cuenta de Instagram del correo electrónico de la empresa, los nombres de sus administradores solidarios y la imagen del propietario Fernando Alonso Fuentes. La empresa considera que esas acciones constituyen acoso, uso indebido de imagen e injurias. Como compensación, exige que el sindicato pida perdón por escrito y abone 10.000 euros como indemnización por daños, perjuicios y gastos ocasionados.

El término que desencadenó la parte de la querella relativa al derecho al honor es preciso: fondo buitre. Urbagestión niega ser un fondo de inversión de ningún tipo. Como documentamos en artículos anteriores, es una pyme de cinco empleados con 586.000 euros de facturación y 2.990 euros de beneficio en 2025. En ese sentido, la calificación de fondo buitre aplicada a una pequeña empresa familiar con esas características tiene una base fáctica cuestionable, independientemente de la valoración moral que merezca la decisión de ejecutar el desahucio.

El Sindicato de Inquilinas no se retractó durante el periodo de mediación previo a la querella. La empresa prosiguió con la acción penal. Y el desahucio se ejecutó el 23 de septiembre de 2026, un día antes de que se publicara la existencia de la querella.

Hay un elemento adicional que Urbagestión ha hecho público a través de un comunicado posterior al desahucio y que contradice parte de la narrativa que ha circulado en los medios. La empresa niega haber pedido a Maricarmen una renta de 2.650 euros al mes. Afirma que esa cifra correspondía a una propuesta de 2018 que nunca fue formulada formalmente por la empresa en los términos en que se ha difundido. También niega que el Ministerio de Vivienda o Casa 47 hayan presentado nunca una oferta de compra formal y por escrito, y señala que la única propuesta de compra recibida procedió de la abogada del Sindicato de Inquilinas. Sobre la posibilidad de una renta de hasta 900 euros abonada conjuntamente por Casa 47 y la inquilina, la empresa afirma que fue comunicada verbalmente, sin precisar la configuración legal del contrato ni el resto de condiciones legalmente exigibles.

Estas afirmaciones de Urbagestión no han sido verificadas de forma independiente y contradicen versiones que han circulado en distintos medios. Lo que sí está documentado es que el desahucio se ejecutó, que el Ministerio no consiguió evitarlo y que la querella contra el sindicato existía desde enero, mucho antes de que el caso adquiriera la dimensión mediática que tiene ahora.

Lo que el caso Maricarmen en su conjunto ilustra no es solo un drama humano, que lo es. Es la colisión simultánea entre tres derechos que el ordenamiento jurídico español protege al mismo tiempo: el derecho a la vivienda del inquilino, el derecho de propiedad del propietario y el derecho al honor de cualquier persona o empresa. Cuando esos tres derechos chocan en un mismo caso, los tribunales tienen que resolver. Y la forma en que el debate público ha narrado ese choque, simplificándolo hasta convertirlo en una historia de buenos y malos inequívocos, no refleja la complejidad jurídica y fáctica de lo que realmente ha ocurrido.

El sindicato tenía razones morales para actuar como actuó. Urbagestión tenía razones jurídicas para querellarse por cómo actuó el sindicato. El Ministerio quiso intervenir y no pudo o no supo. Y Maricarmen salió de su casa en camilla el 23 de septiembre. Todas esas cosas son ciertas al mismo tiempo.