Mientras la Puerta del Sol acoge una acampada de protesta por la crisis de vivienda y el Gobierno ultima un nuevo decreto para frenar los desahucios, un análisis de las declaraciones de bienes de los diputados de la XV Legislatura revela un dato que merece ser leído con atención: el 18,9% de los miembros del Congreso, 66 de los 350 diputados, ingresa dinero por arrendar inmuebles. Y el 84,85% tiene al menos una vivienda en propiedad, once puntos más que la proporción de españoles que vive en casa propia según el INE.

El análisis, elaborado por Electomanía a partir de dos recuentos independientes, el de Europa Press de febrero de 2026 sobre arrendadores y el de Público de abril sobre propietarios, pone sobre la mesa una realidad que el debate político sobre la vivienda raramente menciona de forma explícita: quienes legislan sobre el mercado de la vivienda son, en una proporción muy superior a la media ciudadana, propietarios de viviendas y en muchos casos beneficiarios directos del mercado del alquiler que regulan.

Los números por partido

En términos absolutos, el PP aporta 29 de los 66 diputados que cobran por alquilar, el 21,2% de su grupo parlamentario. El PSOE suma 21, el 17,4% de sus 121 escaños. Vox, con 7 de 33 diputados arrendadores, iguala al PP en porcentaje e incluso lo supera por centésimas.

La clasificación cambia cuando se mide en proporción al tamaño del grupo. Junts encabeza la tabla con un 42,9% de sus diputados cobrando por alquiler, tres de siete. Le sigue el PNV con un 40%, dos de cinco, y EH Bildu con un 33,3%, dos de seis. En el extremo opuesto, Sumar baja al 7,7%, con dos de sus 26 diputados. ERC y el Grupo Mixto no registran ningún caso, aunque todos los diputados republicanos son propietarios.

Entre los líderes nacionales, solo Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo declaran rentas por alquiler. El presidente del Gobierno ingresa 12.845 euros anuales por dos pisos en Madrid. El líder del PP declara 5.584 euros. El ministro Félix Bolaños ingresa 11.798 euros por uno de sus tres pisos. Ninguno de los tres encabeza la lista interna de sus grupos: los dos diputados populares con más rentas por este concepto declaran entre 24.000 y 33.000 euros anuales, y en el PSOE el máximo se mueve entre 11.000 y 16.000.

Un Congreso más propietario que la media española

El 84,85% de los diputados tiene al menos una vivienda en propiedad, frente al 73,8% de la población española según el INE. La mayoría declara una vivienda, 145 diputados, o dos, 81 diputados. Pero 71 declaran tres o más. Solo dos cumplen la definición legal de gran tenedor que establece la Ley de Vivienda, es decir, más de diez inmuebles urbanos de uso residencial: la popular María de las Mercedes Cantalapiedra, con 19, y la socialista María Mercè Perea, con 13.

Con el umbral de tres viviendas, el PP reúne 35 diputados multipropietarios, el 25,5% de su grupo. Le sigue Vox con un 24,2%, el PSOE con un 19% y Sumar con un 11,5%. No todos los que tienen varias viviendas las alquilan: el portavoz socialista Patxi López y la portavoz del partido Montse Mínguez declaran tres viviendas cada uno sin ingresos por arrendamiento.

Lo que el dato dice y lo que no dice

Lo que el dato dice es que el Congreso de los Diputados que debate, regula y aprueba las leyes sobre vivienda en España está compuesto en una proporción muy superior a la media ciudadana por personas que son propietarias de viviendas y que en muchos casos obtienen rentas directas del mercado de alquiler. Eso no significa que esos diputados sean necesariamente parciales en sus decisiones legislativas. Pero sí significa que tienen un interés económico directo en el resultado de esas decisiones que los ciudadanos que les votan tienen derecho a conocer.

Lo que el dato no dice es que tener vivienda en propiedad o cobrar por alquilarla sea ilegal, inmoral o incompatible con legislar sobre vivienda. Ser propietario no impide defender políticas de control del alquiler, ni ser arrendador impide votar a favor de una mayor protección de los inquilinos. Lo que sí impide, o debería impedir, es tomar esas decisiones sin declararlas con transparencia. Y en ese sentido, el sistema de declaración de bienes de los diputados españoles, aunque mejorable en granularidad y accesibilidad, funciona: los datos son públicos y analizables.

El contexto en el que este dato llega al debate público es relevante. El Gobierno ultimaba en el momento de publicar este análisis un nuevo decreto de vivienda que incluiría medidas de control del alquiler. El Sindicato de Inquilinas llamaba a la huelga de rentas desde la acampada de Sol. Y el primer recuento similar de Público, realizado en septiembre de 2023, situaba a los arrendadores en el 16,57% de la Cámara. En tres años, la proporción ha subido más de dos puntos. Los diputados, como el resto de los españoles, han seguido siendo propietarios mientras el debate sobre la vivienda se intensificaba.