El mismo martes en que el Consejo de Ministros aprueba el decreto de vivienda más ambicioso desde la pandemia, el Gobierno ha comunicado el cese del contrato a las 247 personas empleadas del SAREB, el banco malo creado en 2016 para gestionar los activos procedentes de la reestructuración bancaria española. La coincidencia no es casual: el SAREB cesa su actividad como parte del proceso de transmisión de su cartera de viviendas y suelos a Casa 47, la empresa pública del Ministerio de Vivienda que pasa a gestionar ese patrimonio.

El volumen de lo que está en juego es significativo. El total de viviendas a transmitir del SAREB a Casa 47 se cifra en más de 40.000, a lo que se suman cerca de 2.400 suelos con capacidad para albergar aproximadamente 55.000 viviendas adicionales. En total, el patrimonio que pasa de una entidad a otra tiene potencial para generar casi 100.000 unidades de vivienda pública asequible, el mayor movimiento de activos residenciales públicos en la historia reciente de España.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha presentado una denuncia en la que argumenta que esa transmisión constituye una transmisión de unidad productiva en el sentido del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y de la Directiva europea 2001/23/CE relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas. Si el CSIF tiene razón, el Gobierno estaría obligado a subrogar al personal del SAREB en Casa 47, lo que significa que los 247 trabajadores deberían pasar automáticamente a la nueva entidad con sus condiciones laborales mantenidas.

El sindicato añade además una segunda denuncia de calado: la transmisión escalonada de activos entre ambas mercantiles ha generado una confusión patrimonial entre el SAREB y Casa 47. Esa confusión patrimonial no es un detalle técnico menor. Cuando dos entidades comparten o entremezclan activos de forma no suficientemente delimitada, pueden surgir problemas de titularidad, de responsabilidad frente a terceros y de capacidad de disposición sobre los inmuebles que compliquen significativamente la gestión futura del parque de vivienda pública.

El Gobierno ha optado por la vía del despido colectivo. La justificación implícita es que SAREB y Casa 47 son dos entidades jurídicas distintas con objetos sociales distintos, lo que rompería la continuidad necesaria para que aplique la subrogación obligatoria. El CSIF argumenta lo contrario: que la transmisión de más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos del SAREB a Casa 47 configura exactamente la continuidad de actividad que la normativa laboral protege.

El argumento del sindicato tiene una lógica que merece ser analizada con precisión. La Directiva 2001/23/CE fue diseñada precisamente para evitar que las empresas, y los organismos públicos, utilicen los traspasos de actividad como mecanismo para deshacerse de plantillas consolidadas y contratar nuevo personal en condiciones menos favorables. Si Casa 47 va a gestionar el mismo patrimonio inmobiliario que gestionaba el SAREB, con las mismas funciones y los mismos activos, la única diferencia entre subrogar a los 247 trabajadores y despedirlos para contratar a otros 247 es el coste de las condiciones laborales adquiridas.

Ese es exactamente el argumento que el CSIF lleva a los tribunales. Y es un argumento que los juzgados de lo social españoles han estimado en casos similares de transmisión de unidad productiva entre entidades públicas.

La dimensión política del caso no es menor. El Gobierno presenta el decreto de vivienda como la respuesta a la crisis de acceso a la vivienda que el caso Maricarmen ha puesto en el centro del debate público. Casa 47 es el instrumento principal de ese decreto para aumentar el parque de vivienda pública asequible. Y el mismo día en que ese decreto se aprueba, los trabajadores que han gestionado los activos que van a nutrir ese parque reciben la comunicación de su despido colectivo.

La ironía operativa es también significativa. Casa 47 tendrá que iniciar un proceso selectivo para contratar nuevo personal y formarlo en la gestión de un patrimonio inmobiliario complejo de más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para 55.000 viviendas adicionales. Ese proceso tiene un coste en tiempo y en dinero que se suma al coste de las indemnizaciones del despido colectivo del SAREB. El resultado neto puede ser más caro que la subrogación que el Gobierno está evitando. Y mientras tanto, el patrimonio que debe gestionar Casa 47 puede estar afectado por la confusión patrimonial que el CSIF ha denunciado.