Mañana viernes el Congreso de los Diputados vota la convalidación del decreto Maricarmen. Gravedad Cero no hace política. No apoya a ningún partido ni defiende los intereses de ningún sector. Lo que hacemos es analizar datos y documentar lo que ocurre en el mercado con la mayor precisión posible. Y lo que los datos dicen esta semana es suficientemente claro como para posicionarnos: el decreto Maricarmen, tal y como está redactado, no debería ser convalidado mañana. No porque sus objetivos sean ilegítimos. Sino porque sus efectos ya observables van exactamente en la dirección contraria.

Lo que nadie está diciendo sobre el caso Maricarmen

Antes de entrar en el análisis del decreto, conviene decir algo que el debate público ha evitado con llamativa consistencia: el desahucio de Maricarmen fue completamente legal. No fue un abuso. No fue una ilegalidad. Fue la ejecución de una resolución judicial dictada tras años de proceso en el que todas las partes tuvieron oportunidad de defender su posición. Que Maricarmen tenga 87 años y un 50% de discapacidad genera una respuesta emocional comprensible. Pero la legalidad del proceso no depende de la edad ni del estado de salud del desahuciado.

Y mientras los medios de comunicación dedicaban portadas y horas de televisión al caso Maricarmen, en Barcelona una familia fue desahuciada y uno de sus integrantes se suicidó. Esa noticia no tuvo portadas. No generó acampadas. No aceleró ningún decreto. Porque la agenda mediática no funciona por criterios de justicia sino por criterios de impacto emocional y narrativa disponible. El caso Maricarmen tenía todos los elementos para convertirse en símbolo: una anciana, una silla de ruedas, un fondo de inversión y una calle con cámaras delante. El caso de Barcelona no tenía esos elementos y por eso no existe en el debate público.

Eso no significa que el problema de la vivienda no sea real. Es real y es grave. Pero una política pública que se diseña a partir de un caso mediático en lugar de a partir de un diagnóstico estructural tiene muchas probabilidades de estar mal calibrada. Y el decreto Maricarmen es el ejemplo más claro de esa disfunción.

Lo que ya ha ocurrido en menos de 24 horas

El decreto Maricarmen entró en vigor el 1 de octubre. En las primeras horas de vigencia, alrededor de 2.900 viviendas fueron retiradas de los portales inmobiliarios a nivel nacional. En Madrid específicamente, antes de que terminara el día, casi 10.000 viviendas habían desaparecido de los principales portales. El 20% de toda la oferta de alquiler disponible en la capital eliminada en un solo día.

Eso no es una proyección. No es una previsión de analista. Es lo que ha ocurrido de forma medible y verificable el primer día de vigencia del decreto. Y lo que ha ocurrido es lo contrario de lo que el decreto pretende: menos oferta de alquiler disponible para los inquilinos que más la necesitan.

Los datos que el Congreso debería tener encima de la mesa antes de votar

El parque de vivienda social en España representa el 3,3% del total, frente al 15% de media europea. La Administración no tiene capacidad de proveer alternativas habitacionales en tiempo razonable. La suspensión de desahucios indefinida condicionada a que la Administración provea alternativa habitacional puede mantenerse durante años más allá de 2030 porque esa condición estructuralmente no se puede cumplir.

El porcentaje de propietarios que venden inmuebles antes destinados al alquiler se ha duplicado en dos años, del 1,8% al 3,1%. Los fondos que gestionaban carteras de miles de pisos en alquiler están saliendo del mercado. Cada vivienda que sale del alquiler no es sustituida automáticamente por otra equivalente.

El alquiler de temporada ya representa el 29% de la oferta total en España y crece con mayor intensidad en los mercados donde los controles son más activos. El decreto intenta regularlo pero las medidas son insuficientes para detener esa migración.

El Banco de España y el FMI han advertido explícitamente que las medidas de control del alquiler pueden reducir la oferta disponible. No son el sector inmobiliario con intereses corporativos: son los organismos independientes que tienen el mandato de velar por la estabilidad económica.

El déficit estructural de vivienda en España es de 750.000 unidades según el Banco de España. Ese déficit no se resuelve con ningún decreto de control del alquiler. Se resuelve construyendo más vivienda. Y el decreto no incluye ninguna medida significativa para acelerar la producción de nueva vivienda.

Lo que debería hacer el Congreso mañana

No convalidar el decreto no significa abandonar a los hogares vulnerables. Significa reconocer que este decreto específico, con esta redacción específica, está produciendo el efecto contrario al deseado desde el primer momento de su vigencia y dar al legislador la oportunidad de diseñar medidas más precisas y mejor calibradas.

Lo que España necesita no es un decreto de emergencia redactado en cinco días bajo presión mediática. Es una política de vivienda estructural que incluya un plan de construcción masiva de vivienda social para elevar el parque público del 3,3% al 10% en diez años, un sistema de ayudas directas al pago del alquiler para hogares vulnerables que no dependa de suspender los derechos del propietario, y un marco regulatorio estable y predecible que dé certidumbre a largo plazo tanto a propietarios como a inquilinos.

El caso Maricarmen fue legal. El decreto que lleva su nombre no es la respuesta adecuada al problema que ese caso representa. Y mañana el Congreso tiene la oportunidad de reconocerlo.