El viernes 2 de octubre de 2026 el Congreso de los Diputados votó en contra de los dos decretos de vivienda aprobados el martes por el Consejo de Ministros. El primero, el más ambicioso, recibió 172 votos a favor y 178 en contra. El segundo, que incluía los contratos indefinidos y la indemnización de doce mensualidades, obtuvo 166 a favor y 184 en contra. Junts, PP y Vox votaron no a los dos. Los decretos quedan derogados. Y el Gobierno baraja convocar elecciones generales.

La semana que llevó a este resultado

El 23 de septiembre, el desahucio de Maricarmen Abascal, 87 años y un 50% de discapacidad, en la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid generó una oleada de protestas que culminó en una acampada en la Puerta del Sol. El Gobierno, bajo presión mediática y social intensa, aceleró la redacción de dos decretos de vivienda en menos de una semana. El martes 29 de septiembre el Consejo de Ministros los aprobó. El miércoles 30 se publicaron en el BOE. El viernes 2 de octubre el Congreso los tumbó.

Siete días. Del desahucio a la derogación.

Por qué Junts votó no

Junts era la llave. Sin los siete votos de la formación de Puigdemont, la mayoría era matemáticamente imposible dado el voto en contra de PP y Vox. El Gobierno confiaba en el sí de Junts porque la formación había aceptado, por primera vez en meses, sentarse a negociar. Porque algunas de sus exigencias habían sido incorporadas al texto. Y porque Sumar había renunciado a algunas de sus peticiones para facilitar el acuerdo.

Pero Junts votó no. Su portavoz Miriam Nogueras argumentó que las medidas reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a la vivienda de las personas con menor capacidad económica. Un argumento que coincide, en parte significativa, con el análisis que Gravedad Cero ha venido publicando esta semana con datos concretos del mercado.

Junts también echó en cara al Gobierno el incumplimiento de compromisos sobre financiación autonómica y el catalán en Europa. La vivienda no era el único factor en la negociación. Nunca lo había sido.

Lo que el resultado significa para el mercado

La derogación de los decretos tiene consecuencias inmediatas y concretas para el mercado. Los contratos que vencían antes del 31 de diciembre de 2028 no tendrán prórroga forzosa automática. Los desahucios para hogares vulnerables vuelven al marco regulatorio anterior, sin la suspensión indefinida hasta 2030. La prohibición de compra especulativa por parte de los fondos deja de estar en vigor. Y la indemnización de doce mensualidades para los propietarios que no renueven nunca llegó a aplicarse.

Las 10.000 viviendas que habían desaparecido de los portales inmobiliarios en Madrid en las primeras 24 horas de vigencia del decreto pueden volver al mercado. Los fondos que habían paralizado proyectos de build-to-rent pueden reactivarlos. Y los propietarios que habían retirado sus anuncios a la espera del resultado de la votación del viernes tienen ahora el marco regulatorio anterior como referencia.

Lo que el resultado significa para la política

El resultado del viernes coloca al Gobierno en una situación política de extrema debilidad. Miembros del Ejecutivo y del PSOE habían trasladado a Moncloa que la convocatoria de elecciones sería muy probable si el decreto caía. La caída de los dos decretos, con el voto en contra de Junts, el socio imprescindible para la mayoría, sitúa la legislatura al borde del precipicio.

Feijóo ha pedido elecciones y ha culpado al Gobierno del fracaso: los decretos no eran para salvar a Maricarmen sino a Sánchez. Sánchez ha respondido que la historia juzgará a quienes los han tumbado.

Lo que Gravedad Cero ha documentado esta semana

Llevamos siete días analizando los decretos en todos sus ángulos. El análisis técnico del texto del BOE. El impacto sobre los fondos y los servicers. El efecto sobre los pequeños propietarios. La retirada del 20% de la oferta de alquiler en Madrid en 24 horas. Los 900.000 pisos que podrían salir del mercado según las estimaciones más conservadoras. Los proyectos de build-to-rent paralizados. La letra pequeña de la prohibición a los fondos. Las 96 páginas que el debate público no leyó.

Lo que los datos decían era coherente con lo que Junts argumentó el viernes para votar no: los decretos, tal y como estaban redactados, iban a reducir la oferta de alquiler disponible y a encarecer el acceso a la vivienda para exactamente los hogares que pretendían proteger.

El problema de la vivienda en España no ha desaparecido con la derogación de los decretos. El déficit de 750.000 viviendas sigue ahí. Los 25.540 desahucios de 2025 no se anulan. Los españoles que necesitan más de 15 años de ahorro para pagar la entrada de un piso no han reducido ese plazo.

Lo que ha desaparecido es una respuesta de emergencia mal calibrada. Y la oportunidad de sustituirla por algo mejor está ahí, si hay voluntad política de aprovecharla.