Hay una metáfora que resume con precisión lo que ha ocurrido esta semana con los decretos Maricarmen. Es como si el Estado reconociese el derecho a la alimentación y, ante su incapacidad para garantizarlo, obligase al supermercado de la esquina a dar gratis la compra. El derecho podría seguir siendo muy noble. El mecanismo sería sencillamente disparatado.

Eso es exactamente lo que los decretos pretendían hacer con la vivienda. Y el Congreso los ha tumbado. Pero el análisis de por qué se diseñaron así y qué revela ese diseño sobre la política de vivienda en España merece más atención de la que el debate político le ha dedicado.

El propietario como chivo expiatorio

Hay algo en lo que todos coincidimos: España tiene un grave problema de vivienda. Lo sorprendente es que, después de años de incapacidad para aumentar suficientemente la oferta, la solución vuelva a consistir en señalar al malvado propietario y cargar sobre sus espaldas las consecuencias de una política pública manifiestamente insuficiente.

Los decretos llevaban esa filosofía hasta extremos difíciles de justificar económicamente. Prórrogas de contratos de dos años que el propietario no podía rechazar. Restricciones adicionales sobre el alquiler temporal y por habitaciones. Limitaciones a la actualización de rentas. Y la pieza más llamativa: la obligación de indemnizar al inquilino con un año de renta si el propietario decidía recuperar su propia vivienda al finalizar el contrato.

El mensaje implícito de ese conjunto de medidas es revolucionario en el sentido más literal. La vivienda es del propietario, que debe pagar todos los impuestos y gastos asociados. Pero disponer libremente de ella empieza a parecer un privilegio que debe justificar ante una Administración que no le protege.

La lógica que convierte al propietario en culpable colectivo

Sin entrar en los objetivos políticos de polarización que también están presentes en este debate, los decretos responden a una determinada concepción de la economía según la cual prácticamente cualquier necesidad acaba transformándose en un derecho que otros deben financiar.

Las acampadas de Sol llevaban esa filosofía a su expresión más caricaturesca. Escuchando algunas reivindicaciones, uno podría pensar que disponer de una vivienda ajena en las condiciones que uno considera razonables constituye una especie de derecho natural. Una lógica que convierte al propietario en culpable colectivo sin importar quién trabajó durante años para ahorrar, quién invirtió, quién asumió el riesgo, quién paga impuestos, comunidad, seguros, reparaciones o hipoteca.

Lo relevante para esa lógica es establecer una división políticamente rentable entre víctimas y culpables. Y ahí aparece el propietario, algo fantástico para la defensa del político incompetente. No hace falta construir una sola vivienda. Basta con explicar que el problema lo provocan quienes ya tienen una.

El fracaso intelectual del decreto

Lo intelectualmente tramposo de los decretos es proclamar un derecho público y trasladar privadamente su coste al propietario particular. El Estado concede derechos. Otros son los que pagan la factura.

Si una familia no puede pagar una vivienda, la Administración dispone de impuestos, presupuestos y políticas sociales para ayudarla. La función social de la vivienda existe. Pero corresponde fundamentalmente a los poderes públicos garantizar las condiciones para hacerla posible, no convertir a cada propietario particular en una pequeña oficina de servicios sociales.

El Estado no puede reconocer un derecho y luego encargar a un ciudadano privado que lo financie. No porque los derechos sociales no sean legítimos sino porque ese mecanismo es económicamente incoherente y produce exactamente el efecto contrario al deseado.

Las leyes económicas no votan

Perseguir políticamente al propietario puede conseguir exactamente lo contrario de lo pretendido. Termina retirando la vivienda del mercado o desincentivando la inversión en nueva compra, disminuyendo la oferta frente a una demanda creciente. Y luego nos sorprendemos porque los precios suben.

Las leyes económicas tienen una mala costumbre: no votan, no protestan y no entienden de propaganda. Ningún decreto puede derogar que los precios suban cuando hay más demanda que oferta. Eso es lo que ha ocurrido con la oferta de alquiler en España desde 2020: una caída del 61% mientras la demanda seguía creciendo. Y los precios han subido un 40% en el mismo período.

Ese es el gran fracaso de esta política de vivienda: confundir intervenir con solucionar. Después de años gobernando, resulta mucho más cómodo señalar al casero que reconocer que España no ha construido vivienda al ritmo que necesitaba. El decreto Maricarmen ha caído en el Congreso. Pero la tentación de volver a diseñar el siguiente decreto con la misma lógica no ha desaparecido.