La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentó la votación de los decretos Maricarmen el pasado viernes con una frase que resume la retórica del Gobierno sobre la vivienda: "O se está con los buitres o con la gente." El propio Pedro Sánchez, en la víspera, había declarado: "Me gusta ser traidor a los fondos buitre."

Lo que ni la ministra ni el presidente mencionaron es que en agosto, mientras el Ministerio de Vivienda ultimaba los decretos contra los fondos buitre, la Sareb, controlada por el Gobierno, firmaba un contrato de 52,45 millones de euros con Aliseda, la gestora de viviendas en España de Blackstone, el mismo fondo que el Gobierno lleva años señalando como el paradigma del buitre inmobiliario.

Qué es Aliseda y qué hará para el Estado

Blackstone llegó a gestionar más de 30.000 pisos a través de filiales en España, haciéndose en la pasada década con viviendas de las antiguas cajas de ahorros y de administraciones como el Ayuntamiento de Madrid. Aliseda es su gestora de activos inmobiliarios en España.

El contrato firmado con Sareb en agosto encomienda a Aliseda la gestión integral de los activos inmobiliarios del banco malo para su venta o para su puesta a punto y traspaso a Casa 47, la empresa estatal de vivienda adscrita al Ministerio de Rodríguez. Aliseda se ocupará de comercializar y vender viviendas, locales o suelos, gestionar los alquileres, incluidos informes sobre impagos e inquilinos vulnerables, y la gestión de ocupaciones y posesiones. Trabajará junto a Servihabitat, ahora propiedad del fondo Hipoges, para que lleguen a buen término las más de 40.000 viviendas reservadas por Sareb para su traspaso a Casa 47.

El otro probable adjudicatario, Servihabitat, está pendiente de resolución de una impugnación que puede resolverse en octubre a favor de su nuevo dueño, Hipoges, controlado por el fondo británico Pollen Street Capital, el mismo que esta semana hemos documentado en Gravedad Cero que está consolidando posiciones en el mercado de servicing español.

La paradoja que el debate político no quiere ver

El contrato tiene una dimensión que resulta difícil de ignorar: el Gobierno está encargando al fondo que llama buitre la gestión de viviendas sociales destinadas a ampliar el parque público. No es una contradicción menor. Es la demostración de que la retórica política sobre los fondos buitre no se corresponde con la realidad operativa del mercado.

La razón por la que el Gobierno recurre a Blackstone para gestionar sus activos inmobiliarios es la misma razón por la que el sector del servicing existe: gestionar carteras de activos inmobiliarios a escala requiere capacidad técnica, infraestructura operativa y conocimiento del mercado que la Administración pública no tiene. Aliseda lleva gestionando activos de Sareb desde 2022 y ha logrado adjudicarse el contrato de nuevo, y por más tiempo, porque el resultado de esa gestión ha sido valorado positivamente.

Lo que Blackstone dice en su informe anual sobre el mercado español

Mientras el Gobierno le llamaba buitre en el Congreso, Blackstone publicaba en su último informe anual un análisis del mercado residencial español que coincide exactamente con el diagnóstico que Gravedad Cero ha venido publicando esta semana. El negocio residencial seguirá fuerte en España porque ya no se construyen 714.005 viviendas al año como en el período 2003-2007, sino 118.692. Ese factor, unido a la considerable necesidad de vivienda para los próximos años, con una proyección de aumento de la población de 5 millones de habitantes en 15 años, sitúa al mercado residencial como un sector de gran fortaleza donde los precios pueden resistir momentos de incertidumbre con solvencia.

Es decir, lo que más protege el negocio de Blackstone en España es exactamente lo que el Gobierno lleva ocho años sin hacer: construir vivienda a escala suficiente para cubrir la demanda. La misma paradoja que el Banco de España señala cuando dice que el déficit de vivienda superará el millón de unidades en 2028.

El contexto de Junts y la dinámica política

La portavoz de Junts en Madrid, Miriam Nogueras, ha ganado enteros tras tumbar los decretos. Su posición coincide con la de representantes del mundo empresarial catalán que esperan que Junts recupere una postura de centro derecha catalanista alejada del independentismo más radical. Apoyar los decretos habría beneficiado a Alliança Catalana y eso, en la aritmética interna de Junts, no era una opción viable.

Mientras tanto, el Gobierno se prepara para intentar reeditar los decretos a través de la Diputación Permanente, como Gravedad Cero publicó esta mañana. Y Blackstone, que según su informe anual sigue siendo un inversor relevante en España más allá del residencial, con el 50% de Urbaser por 2.800 millones y un centro de datos en Zaragoza por más de 13.000 millones, continuará gestionando el parque público de vivienda del Estado.

O se está con los buitres o con la gente. A menos que seas el Gobierno, que está con los dos.