Mientras el debate político sobre la vivienda se centra en regular, limitar y sancionar a los propietarios, hay una pregunta que nadie quiere responder con claridad: ¿quién debe pagar realmente el alquiler social en España?

El caso de Ricardo Alonso, uno de los socios de Urbagestión, ilustra con precisión esta contradicción. En 2018, al margen de su actividad empresarial, adquirió un piso de 94 metros cuadrados en la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid —el mismo edificio donde reside Maricarmen Abascal, cuyo caso ha generado una polémica nacional. El piso tenía entonces un inquilino con contrato de renta antigua. Alonso decidió respetarlo íntegramente.

Lo que hizo un propietario privado sin que nadie se lo pidiera

Cuando el arrendatario original falleció, Alonso permitió que su hija continuara viviendo en el piso durante tres años más, pagando 200 euros al mes. Una vivienda cuyo alquiler de mercado hoy ronda los 1.980 euros mensuales. La diferencia —más de 1.700 euros al mes durante tres años— la asumió el propietario de su propio bolsillo, sin subvención, sin reconocimiento y sin obligación legal.

En 2021, una vez finalizado ese periodo y de forma completamente amistosa, la vivienda quedó libre. Alonso decidió alquilársela a un familiar que lo necesitaba, también por debajo del precio de mercado, ante las dificultades crecientes de acceso a la vivienda asequible.

El valor de mercado del piso se sitúa actualmente en torno a los 769.000 euros según Idealista. Un activo patrimonial significativo que, durante años, generó rendimientos muy inferiores a los posibles por decisión voluntaria del propietario.

El mismo edificio, dos relatos

El contraste con el caso de Maricarmen Abascal es relevante. En ese piso, Urbagestión —como empresa— emprendió acciones judiciales para recuperar la vivienda, argumentando que la inquilina no tenía derecho a subrogarse al contrato de renta antigua de su madre fallecida. El caso se convirtió en un símbolo mediático del conflicto entre fondos inmobiliarios e inquilinos vulnerables.

Lo que el debate público ha ignorado es que, en paralelo, el mismo propietario de esa misma empresa actuaba de forma radicalmente opuesta en una vivienda propia: absorbiendo el coste social durante años, sin ninguna obligación, y ofreciendo después a Maricarmen quedarse en su piso por 300 euros mensuales —muy por debajo del mercado.

La pregunta que nadie responde

El caso de Alonso no es una excepción romántica. Representa una realidad extendida entre pequeños y medianos propietarios que, ante la presión social y la falta de vivienda pública, terminan actuando como proveedores informales de alquiler asequible. Sin compensación. Sin reconocimiento fiscal. Sin ningún mecanismo que haga sostenible esa función a largo plazo.

Mientras tanto, las administraciones incrementan las obligaciones sobre el sector privado —nuevos topes, nuevos impuestos, nuevas restricciones— sin asumir el coste que implica garantizar acceso asequible a la vivienda.

La pregunta estructural sigue sin respuesta: ¿debe ser el propietario privado quien financie la política social de vivienda? ¿O esa función le corresponde al Estado?

Porque si la respuesta es que debe ser el Estado, entonces hay que construir vivienda pública. Y si la respuesta es que debe ser el privado, entonces hay que reconocerlo, compensarlo y dejar de demonizarlo.

Lo que no se puede seguir haciendo es las dos cosas a la vez