Maricarmen Abascal tenía 87 años y llevaba 71 viviendo en el mismo piso de alquiler del barrio de Retiro, en Madrid. El contrato de renta antigua lo firmó su padre, pasó a su madre y después a ella. Tenía una discapacidad del 50% y problemas de movilidad. El 23 de septiembre fue desahuciada y salió de su casa en camilla hacia el hospital. Murió el 7 de octubre en el Gregorio Marañón, tras quince días ingresada.

Su muerte ha abierto dos preguntas distintas que conviene separar. La primera es humana y no admite análisis. La segunda es política y de mercado: ¿qué cambia a partir de ahora para los decretos de vivienda y para la campaña? Esa sí se puede responder con datos.

1. Tres semanas que han cambiado el calendario político

El 23 de septiembre se ejecutó el desahucio. El 28 se alcanzó un acuerdo que le habría permitido volver, con una renta limitada al 30% de sus ingresos netos. Ya estaba hospitalizada y no regresó. Entre medias, el Sindicato de Inquilinas montó una acampada en la Puerta del Sol que se convirtió en el símbolo del caso, y el nombre "decreto Maricarmen" entró en el debate para referirse a las medidas contra los desahucios de personas vulnerables.

El 2 de octubre, el Congreso tumbó los dos decretos de vivienda del Gobierno por 184 votos en contra y 166 a favor. PP, Vox y Junts votaron en contra de ambos. El 5 de octubre, Pedro Sánchez convocó elecciones generales para el 29 de noviembre. Al día siguiente el Consejo de Ministros volvió a aprobar los decretos, publicados en el BOE para que los vote la Diputación Permanente. Los sindicatos, por su parte, han convocado huelga general para el 11 de noviembre.

2. La aritmética parlamentaria no se mueve

La Diputación Permanente tiene 69 miembros. Según el recuento publicado, el bloque que apoyó el primer decreto (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos) suma 35, frente a 34 de PP, Vox y Junts. El primer decreto, el de desahucios de vulnerables, saldría adelante si el PNV lo apoya, y el PNV ha dicho que estudiará la letra pequeña desde la defensa de los vulnerables y del pequeño propietario.

El segundo, el de renovación automática de los alquileres, lo tiene peor. El PNV lo rechazó en el Congreso porque perjudica al pequeño propietario, y sin su voto el resultado sería 34 a favor y 35 en contra. Un fallecimiento no cambia ningún escaño.

3. Lo que sí cambia es el precio de votar que no

El Gobierno quiere retratar a quienes votaron en contra. Sánchez avisó desde la tribuna de que los ciudadanos juzgarán a quien tumbó los decretos "antes de lo que creen", y el Ejecutivo busca votaciones nominales para que cada diputado quede identificado. La muerte de Maricarmen le da rostro a ese argumento.

La oposición ha reaccionado de otra forma. Feijóo pidió no hacer una "utilización interesada" del suceso y recordó que ante una muerte "solo cabe el respeto". El PP de la Asamblea de Madrid rechazó el minuto de silencio que proponía la izquierda, con el mismo argumento de no politizar. En el Congreso, el PP justificó su voto contra los decretos diciendo que el Gobierno los usa "para maniobras electorales". El Sindicato de Inquilinas, en cambio, resume el caso con otra frase: "el rentismo mata".

4. El otro relato: mercado y pequeño propietario

El impulso emocional de un caso así choca con lo que el sector lleva semanas describiendo. Gestoras que paralizan la comercialización, propietarios que prefieren vender antes que alquilar, asociaciones que avisan de que cada cambio de reglas retira más oferta. Los promotores dicen que los decretos ya frenan proyectos de alquiler. El propio PNV ha basado su cautela en la defensa del pequeño propietario y en la seguridad jurídica.

El caso, además, tiene una complejidad jurídica que el debate público ha simplificado: un contrato de renta antigua sin derecho a subrogación para ella, una empresa que defendía haber recuperado legalmente el piso y una solución, la del 30% de los ingresos, que llegó tarde. Los dos relatos tienen datos reales detrás.

5. Qué gana fuerza y qué no

Políticamente, los decretos salen reforzados. La vivienda ya no es un tema más de la campaña, es el tema, y ningún partido puede permitirse parecer indiferente. En el Parlamento la situación es otra: la mayoría en la Diputación Permanente depende de un solo voto, el del PNV, y de los matices que exija. Y en el mercado, la presión sobre la oferta sigue igual que antes de la muerte: más de 230.000 hogares nuevos al año frente a unas 95.000 viviendas construidas.

Queda un factor de calendario. Con elecciones el 29 de noviembre, lo que se convalide ahora tendrá un recorrido corto, porque el nuevo Congreso podrá reabrirlo todo. Los propietarios, mientras tanto, siguen decidiendo si alquilan, venden o esperan sin saber qué reglas regirán en 2027.