Hay promociones con suelo, proyecto y compradores que no pueden entregarse porque la distribuidora no ha autorizado la conexión a la red. El Banco de España estima un déficit acumulado de 700.000 viviendas, y según las estimaciones del sector una parte importante de lo que se podría construir está parada por falta de enchufe. El problema llega a mes y medio de unas elecciones generales, con un Gobierno que todavía tiene pendiente aprobar la planificación eléctrica que debería aliviarlo.

Un atasco que se mide en megavatios

El sector urbanístico pidió 6,7 GW de acceso a la red en 2024, y solo se pudo atender la mitad, ya fuera por falta de capacidad o porque los promotores desistieron. En 2025, según los promotores, se atendió apenas el 12% de las solicitudes. Alrededor del 88% de los nodos de la red está saturado y no admite nuevos clientes.

De esa escasez sale la cifra que más circula: unas 350.000 viviendas atrapadas, en un rango de 300.000 a 360.000. Hay que leerla con cuidado, porque es una conversión que hace una publicación especializada a partir de unos 2.100 MW de capacidad rechazada a finales de 2025, y no una cuenta oficial vivienda a vivienda. La Comunidad de Madrid, que concentra la mayor parte, habla de 110.000 viviendas afectadas, y la asociación de promotores madrileña sitúa por encima de 100.000 las paralizadas. Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana suman otras 140.000 aproximadamente.

Quién entra primero en la red

El acceso se concede por orden de llegada, sin prioridad para el uso residencial, de modo que una promoción de viviendas compite por la misma conexión con centros de datos, industria o plantas renovables. Los centros de datos acaparan una de cada tres conexiones y el 34,2% de la capacidad de acceso concedida en la red de transporte. El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto la puerta a dar preferencia a viviendas y hospitales frente a centros de datos y grandes industrias, pero todavía no hay una medida concreta.

Los promotores piden otra cosa más prosaica: plazos máximos y sancionables para que las distribuidoras respondan, una ventanilla única autonómica con silencio administrativo positivo y que el sistema eléctrico, y no el promotor, pague la red troncal. Pasar por un informe de viabilidad eléctrica que caduca a los seis meses y por una licencia de obras que puede tardar más de un año explica parte de la frustración.

Lo que está pendiente cuando llegan las urnas

El Gobierno ha elevado la inversión de su plan de redes hasta 2030 de 13.600 a 17.000 millones de euros y reserva 1,8 GW para desarrollos urbanísticos y vivienda, lo que cubriría entre 300.000 y 450.000 hogares según las estimaciones de una publicación del sector. Esa planificación todavía debe aprobarse. Los grandes proyectos de transporte eléctrico tardan entre tres y cinco años en desplegarse.

Las elecciones generales están previstas para el 29 de noviembre. Un Gobierno en funciones tiene las competencias limitadas al despacho ordinario de los asuntos públicos, salvo urgencia o interés general debidamente justificado, y el efecto sobre cada norma depende del momento exacto de la convocatoria y del estado de cada expediente. Entre los textos en juego figuran el real decreto que fijaría las condiciones para conectar centros de datos, cuyos últimos trámites se esperan en las próximas semanas, y la reforma de las autorizaciones eléctricas que afecta a la gestión de la capacidad de acceso.