El Barómetro de Vivienda 2026 del CIS, elaborado junto al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y publicado el 8 de octubre, se apoya en 6.019 entrevistas telefónicas hechas entre el 22 y el 30 de junio, con un margen de error de 1,3 puntos. Su dato de partida es contundente: el 93,5% prefiere vivir en una casa en propiedad y solo un 5,4% elige el alquiler. La realidad es otra, porque hoy el 55% de los encuestados es propietario, el 24,1% vive de alquiler y en torno a un 20% ocupa una vivienda cedida o sin pagar renta.

Esa distancia se explica sobre todo por el dinero que hace falta al principio. Solo el 18,4% piensa comprar en los próximos dos años, frente a un 80,6% que no lo tiene previsto. Entre quienes prefieren la propiedad pero no van a comprar, el 80,7% dice que no tiene para la entrada y el 71,3% que sus ingresos no dan para pagar las cuotas. Es decir, el problema que describen no es de ganas ni de preferencias, sino de ahorro previo y de cuota mensual.

En los jóvenes y en quienes viven con su familia o comparten piso el patrón se repite. El 37,3% quiere independizarse en los próximos doce meses, y entre los que no tienen previsto hacerlo, el 85,6% considera que los precios de compra son demasiado altos para sus ingresos, el 84,9% opina lo mismo de los alquileres y el 77% no tiene dinero para la entrada o la fianza. Entre los que sí planean irse, casi la mitad (49,5%) lo haría en alquiler y el 26,2% comprando.

Quienes ya viven de alquiler tampoco se sienten cómodos. El 32,7% de los inquilinos cree que paga por encima del precio de mercado, mientras que el 39% piensa que paga lo que toca y el 23,6% que paga menos. Los datos recogidos en la encuesta apuntan además a un gasto medio de 629 euros al mes entre alquiler e hipoteca, y a que el 18,5% ha necesitado ayuda económica de su familia en los últimos cinco años para afrontar alguno de los dos pagos.

En el terreno de las medidas, lo que más apoyo concentra no es la intervención directa del Estado, sino una rebaja fiscal: el 95,4% respalda bajar los impuestos en la compra de la primera vivienda, por encima del 91,4% que quiere más vivienda pública. Detrás vienen más garantías para los propietarios frente a los impagos (85,7%), sacar al mercado suelo urbanizable (84,3%) y recuperar viviendas públicas vendidas a empresas (83,1%). Las ideas más duras dividen más: congelar los alquileres durante dos años logra un 70,6%, subir impuestos a los grandes tenedores un 72%, y expropiar viviendas vacías se queda en un 40% a favor frente a un 54,3% en contra.

La preocupación está por todas partes, ya que cerca de nueve de cada diez encuestados se declaran muy o bastante preocupados por la vivienda y el 41,6% asegura que la situación le perjudica personalmente, frente a un 4,4% que dice beneficiarse. El 76,3% cree que el Estado debería intervenir en el mercado «tanto como sea necesario» y el 79% quiere que la política de vivienda priorice el derecho constitucional sobre su carácter de bien de mercado. Queda por resolver quién debería hacerlo: el 36,1% cree que las competencias corresponden sobre todo a las comunidades autónomas, el 26,9% al Estado, y el 44,5% opina que el Gobierno central debería tener más capacidad para mejorar el acceso a la vivienda.