El 23 de septiembre, Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desahuciada del piso de alquiler del distrito madrileño de Retiro en el que llevaba 71 años viviendo. Había intentado evitarlo junto al Sindicato de Inquilinas. Murió el miércoles 7 de octubre, tras quince días hospitalizada, según comunicó el propio sindicato, que añadió que se había logrado un acuerdo que le habría permitido volver a su casa, pero que llegó demasiado tarde. No se ha detallado la causa del fallecimiento. Miles de personas marcharon después en Madrid desde la acampada de la Puerta del Sol hasta la que fue su casa para rendirle homenaje.

El caso ha tenido un efecto que va más allá de lo personal. Las manifestaciones y acampadas organizadas por el Sindicato de Inquilinas en numerosas ciudades han arrastrado a otras fuerzas, y la sensación que expresan muchos ciudadanos es que, en el mercado de la vivienda, hay que empezar de cero. El exlíder de Izquierda Unida Cayo Lara resumió el momento como un puñetazo en la conciencia colectiva de España. La vivienda lleva siendo el principal problema para los españoles desde diciembre de 2024, y el barómetro del CIS de mayo la situó en un 48,8%, una cifra récord.

Esa movilización tiene ya una fecha: la huelga general por la vivienda será el miércoles 11 de noviembre. La convocan CCOO, UGT y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, junto a otras organizaciones como CGT, y será de 24 horas. En el País Vasco y Navarra se han sumado ELA y LAB, que la plantean como una huelga desde y para Euskal Herria, y otros sindicatos como Steilas y ESK estudian cómo participar. Es la primera huelga general que convocan CCOO y UGT desde 2012 y la primera desde que Pedro Sánchez gobierna. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, la describe como una jornada de lucha contra un problema que impide vivir con dignidad y hace que las subidas salariales no alcancen, y pide que se legisle para sacar de la vivienda a los fondos especulativos y para que los alquileres no suban de forma imposible.

Los sindicatos la justifican para reclamar salarios que permitan acceder a una vivienda digna, un encuadre que la presenta como conflicto laboral y no solo de acceso a la vivienda, porque el alquiler absorbe una parte cada vez mayor de la nómina. Ese planteamiento no está libre de discusión. El Sindicato de Inquilinas no puede convocar por sí solo una huelga protegida, porque necesita el respaldo de organizaciones con representación laboral, y el presidente de Economistas Asesores Laborales, Jesús Fernández-Bravo, explica que la licitud dependería de cómo se configure la convocatoria. El Real Decreto-ley de 1977 considera ilegales las huelgas políticas o con fines ajenos al interés profesional. La patronal CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, critica su trasfondo político y electoral y sostiene que no responde a motivos laborales, estudia un posible recurso. El sindicato CSIF ha anunciado que no la secundará porque ve indicaciones políticas en la convocatoria. Álvarez, por su parte, defiende que es absolutamente constitucional y pide a la patronal que se sume, porque hay empresas sin trabajadores en zonas tensionadas.

El calendario político lo complica. El paro se sitúa dos días antes del inicio oficial de la campaña electoral, el 13 de noviembre, y las elecciones generales anticipadas se celebran el 29 de noviembre. Queda pendiente registrar la convocatoria y negociar los servicios mínimos en sanidad, servicios sociales, transporte, seguridad y telecomunicaciones.

En paralelo, el Congreso derogó los dos primeros decretos de vivienda del Gobierno, y el Consejo de Ministros los volvió a aprobar con algunas modificaciones. El primero, el Real Decreto-ley 29/2026, en vigor desde el 8 de octubre, suspende los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta finales de 2030, limita la actualización de rentas al 2% hasta finales de 2027 y permite pedir una prórroga extraordinaria de hasta dos años. Debe convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso, donde PP, Vox y Junts suman 34 de los 69 escaños, los mismos que PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos, de modo que el voto del PNV es decisivo. El PNV ha anunciado que lo apoyará, aunque lo califica de parche y lamenta que un asunto de este calado se trate en ese órgano, y mantiene su no al segundo decreto, el de las prórrogas indefinidas, que se da por descontado que decaerá.

La muerte de Abascal ha tenido una lectura política opuesta según quién la haga. El presidente del Gobierno expresó su pésame y dijo sentir la pérdida como propia, y la portavoz del Ejecutivo atribuyó el drama a los fondos buitre, afirmando que el problema de la vivienda tiene rostros. Pepe Álvarez la atribuyó a un sistema que la dejó en la calle y enferma, y la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, culpó a la especulación y al rentismo. Desde el PP, el líder Alberto Núñez Feijóo afirmó que ante la muerte de una persona solo cabe el respeto, y acusó al PSOE de intentar una manipulación emocional de los españoles. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo que el desahucio se produjo bajo una ley socialista y fue ejecutado por la Policía Nacional del Gobierno, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, acusó a Sánchez de apropiarse de la memoria de la mujer. En la Asamblea de Madrid, el PP no aceptó guardar un minuto de silencio, mientras los partidos de izquierda le dedicaron sesenta segundos de aplausos.