Cuando un país tarda setenta años en meterse en un problema, es raro que pueda salir de él en una legislatura. Es la tesis de fondo del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, que ha presentado en Madrid un documento de trabajo con el título Informe sobre la vivienda. Política integral para un problema social. No es una ley ni un programa electoral, sino una hoja de ruta con treinta líneas de actuación que plantea un horizonte de veinte años para convertir el modelo residencial español en uno viable. El momento no es casual: con el país a punto de acudir a las urnas, el nuevo Gobierno heredará un problema con muchas aristas, desde el déficit de un millón de viviendas que calcula el Banco de España hasta la inseguridad jurídica o las dificultades de jóvenes y migrantes para acceder al alquiler.

El mensaje que repite el Consejo es que esta crisis “no es un problema de un Gobierno ni de una legislatura, es un problema de Estado que arrastramos desde hace setenta años”. Para sostener que tiene arreglo, los autores miran a Viena, Singapur y los Países Bajos, y subrayan algo que suele quedar fuera del debate cotidiano: ninguna de esas soluciones llegó en cuatro años, todas llevan décadas de continuidad institucional. De ahí la frase que resume el planteamiento: la solución no es un decreto, sino un sistema, en el que hacen falta a la vez suelo, agilidad administrativa, seguridad jurídica y construcción sostenida. Según el documento, España tiene el suelo, el conocimiento, los profesionales y la financiación para lograrlo.

El presidente del Consejo, Fernando Jesús Santiago Ollero, pone tres condiciones sobre la mesa. La primera es un gran pacto de Estado que sobreviva a los cambios de color político. La segunda es trasladar a las administraciones públicas, y no a los caseros, el coste de proteger a los hogares vulnerables frente a los desahucios, una idea que choca de frente con parte del debate actual, donde muchos propietarios sostienen que cargan con esa factura. La tercera es una “simplificación profunda” de todos los trámites que requiere construir una vivienda, para recortar el tiempo y el coste de un proceso que hoy puede alargarse durante años. Fiel al estilo de quien conoce los despachos por dentro, lo resumió sin rodeos: hay que acabar con la España del “vuelva usted mañana” y con la costumbre de pedir dos y tres veces los mismos papeles.

El plan se organiza en tres ventanas de ejecución. La primera son los cien primeros días del nuevo Ejecutivo, que servirían para reforzar la coordinación entre las administraciones urbanísticas, iniciar una auditoría de las cargas administrativas, aprobar el marco normativo de los contratos escritos y de causa objetiva en el alquiler de temporada, empezar a revisar la normativa de arrendamientos urbanos aprobada desde 2019 y anunciar el sistema de garantía frente al impago. Es una lista de tareas más de ordenación que de impacto inmediato, pero tiene sentido como primer paso, porque casi todo lo demás depende de que las administraciones hablen entre sí.

La segunda ventana es la primera legislatura completa, y es donde el documento concentra la maquinaria pesada. Habría que poner en marcha un sistema nacional de indicadores del ciclo residencial, aprobar un Programa Nacional de Producción Residencial con prioridad territorial, completar el Inventario Nacional de Suelo y reformar la normativa de transformación urbanística. También desplegar un expediente digital único en las provincias prioritarias, consolidar una línea presupuestaria estable para la rehabilitación, implantar de verdad el sistema de garantía frente al impago con compensación automática al pequeño propietario y crear un registro estadístico de rentas reales. Muchas de estas piezas son, en el fondo, de infraestructura de datos y de procedimiento: medir mejor, tramitar mejor y compensar mejor antes de poder construir más.

La tercera ventana, la de veinte años, es el momento de la verdad. Ahí el documento pide consolidar un parque de vivienda pública y asequible protegido de forma permanente, mantener un marco estable de colaboración público-privada, garantizar que la producción residencial tenga continuidad presupuestaria más allá de los ciclos electorales e institucionalizar una evaluación continua del sistema, independiente del color político del gobierno de turno. A medio plazo, en diez años, los autores consideran razonable aproximar de forma sensible la producción anual de vivienda a la creación anual de hogares, elevar la tasa de emancipación juvenil, reducir el sobreesfuerzo de los hogares que alquilan, ampliar los contratos protegidos frente al impago y sostener la rehabilitación año tras año. En ese mismo plazo, el parque público y asequible, hoy en torno al 3% frente al 9% de media europea, debería crecer de manera apreciable.

Hay una parte del plan que atañe directamente a los propios gestores administrativos. El Consejo plantea abrir una mesa de trabajo liderada por el Ministerio y las comunidades autónomas para desarrollar el expediente digital único, reducir las cargas burocráticas e implantar el sistema nacional de indicadores. Conviene decirlo con claridad: quien propone simplificar los trámites es también un colectivo profesional que vive de ellos y que se sentaría en esa mesa, lo cual no invalida las propuestas, pero explica por qué la burocracia ocupa un lugar tan central. Tampoco hay en el texto compromisos de financiación concretos ni cifras de viviendas objetivo por año, y el propio Consejo reconoce que se trata de un documento de trabajo que trasladarán a todas las fuerzas políticas. Su confianza está en que el plan se ponga en marcha desde el primer día del próximo Gobierno, gobierne quien gobierne, y en que, esta vez, la vivienda deje de ser un asunto de legislatura para convertirse en uno de generación.