En plena campaña contra la vivienda vacía, con el Gobierno prometiendo penalizar a los propietarios que mantienen pisos cerrados, la propia Administración tiene un patrimonio que no pasa precisamente un examen de uso. La mutualidad de funcionarios Muface, un organismo público, arrastra buena parte de sus inmuebles sin inquilino, y las cifras que aparecen en sus propias memorias anuales retratan un desajuste difícil de explicar mientras el mercado de alquiler está tensionado.

El dato depende de cómo se mire. En el Fondo Especial, que reúne los pisos, locales y garajes heredados de los antiguos colectivos de funcionarios tras la creación de la mutualidad en 1975, hay 203 inmuebles según las memorias, de los que 147 están vacíos: un 72%. Es el origen del titular del 70% con el que se resume la situación. Si se considera todo el patrimonio, incluido el Fondo General, que son sobre todo sedes y oficinas con un uso mucho más estable, la cifra es menor. A cierre de 2025, la mutualidad tenía 267 activos y 153 de ellos libres, el 57,3%, frente al 43% que figuraba a finales de 2023, cuando la cartera era de 300 propiedades. En apenas dos años, la proporción de inmuebles sin ocupar ha crecido en casi catorce puntos.

Esa evolución tiene dos causas visibles. La primera es la pérdida de inquilinos: el Fondo Especial acabó 2025 sin ningún arrendamiento nuevo y con contratos que se iban extinguiendo, y las memorias reflejan una caída que se ha acelerado en los dos últimos años. Las cifras no siempre cuadran entre sí, y una fuente habla de unos 30 contratos perdidos en un año mientras otra recoge solo tres en 2025, pero la dirección es la misma. La segunda es la venta: entre 2024 y 2025 se vendieron 23 edificios, 18 de ellos en 2025, en Zaragoza, Madrid y Las Palmas, lo que reduce el parque pero no resuelve el problema de los que siguen cerrados. Lo que queda, en buena parte, ni se alquila ni se vende, y sí genera gastos de mantenimiento.

La paradoja es política y práctica a la vez. Las normas de alquiler de la Administración exigen que los arrendamientos se concierten mediante concurso público, salvo excepciones, y algunos contratos antiguos siguen regidos por normas anteriores, con precios que no se conocen. A eso se suma que en noviembre de 2024 la mutualidad suspendió de forma temporal la comercialización de 16 inmuebles que había encargado vender, y que en 2024 no se celebró ninguna subasta. El resultado es un patrimonio atascado: ni sale al mercado, ni se alquila a precio asequible, ni se destina de forma visible a las necesidades de vivienda que el propio Gobierno invoca.

El nuevo decreto de vivienda intenta darle una salida. El Real Decreto-ley 29/2026, publicado en el BOE el 7 de octubre, permite en su artículo 12 que la empresa pública Casa 47 gestione inmuebles del Fondo Especial de Muface y los destine al alquiler asequible mediante acuerdos patrimoniales, con la mutualidad conservando la titularidad. Es una vía parecida a la que ya se aprobó en diciembre de 2024, cuando el Consejo de Ministros decidió que Sepes gestionara las viviendas de varias empresas públicas. Pero el texto no identifica qué viviendas se incorporarán a este sistema ni en qué condiciones, ni aclara qué ocurrirá con los contratos antiguos si los inmuebles pasan a Casa 47. Y se produce con una convalidación aún pendiente en la Diputación Permanente del Congreso.

El decreto choca, además, con el calendario previsto por la propia mutualidad. El plan estratégico Muface Avanza2 2026-2028, aprobado por el ministerio competente en diciembre de 2025, contemplaba activar este otoño el estudio, la tasación y la enajenación de los inmuebles del Fondo Especial, unos 204 bienes, de los que 86 serían viviendas, concentradas sobre todo en Madrid, con la empresa pública Segipsa encargada de la tasación y la venta. El plan no fija cuánto se obtendría ni un plazo para vender cada propiedad. Si la gestión pasa a Casa 47, esa venta quedaría en suspenso, y con ella la obtención de ingresos.

El caso de Muface no es único. El Estado posee unos 32.000 inmuebles, de los que unos 4.500 dependen de Interior y Defensa, y un 20% de los de la Seguridad Social están totalmente libres. Pero la mutualidad ofrece un contraste especialmente nítido porque reúne tres ingredientes que rara vez coinciden: vivienda residencial, una proporción de vacíos muy superior a la media y un contexto de escasez en el que el propio Gobierno ha planteado sancionar a los propietarios privados con pisos cerrados. Son medidas distintas sobre actores distintos, pero el mensaje que reciben los ciudadanos depende de que la Administración aplique a su patrimonio el mismo criterio que pide a los demás.

Lo que queda por ver es si Casa 47 consigue ponerlos en el mercado antes de que el expediente de cada piso se pierda entre la convalidación del decreto, la tasación y la burocracia. Y si, cuando lo haga, lo que sale al alquiler asequible es una cifra con peso o apenas unos cientos de viviendas, en un país que cuenta sus necesidades en cientos de miles.