El problema de la vivienda en España lleva años diagnosticado. Sabemos qué imagen queremos conseguir. Lo que falta es la pieza que permita empezar a encajar las demás. Y cada vez más voces apuntan a la misma dirección: la ley del suelo.
No es una solución mágica. Nadie que conozca el sector inmobiliario de verdad va a decirte que una reforma del suelo resuelve por sí sola el acceso a la vivienda. Pero sí puede hacer algo que las medidas de los últimos años no han logrado: aumentar la oferta de manera estructural y sostenida.
El problema de fondo es conocido. España tiene un mercado donde la demanda crece, el parque residencial envejece, la construcción nueva no da abasto y los precios no paran de subir. Las medidas de contención de alquileres actúan sobre el síntoma. La fiscalidad sobre viviendas vacías actúa sobre el síntoma. La limitación de la compra por parte de extranjeros actúa sobre el síntoma. Ninguna de ellas toca la raíz: la escasez de suelo urbanizable disponible y los plazos interminables para transformarlo en vivienda.
Una ley del suelo bien diseñada podría acortar esos plazos, simplificar los procesos de clasificación y gestión urbanística, y dar mayor certidumbre jurídica a los promotores. Todo eso se traduce, con tiempo, en más viviendas en el mercado. Y más oferta, en un mercado tensionado como el español, es la única vía real para contener precios a largo plazo.
El matiz importante es ese: con tiempo. El suelo no se transforma en vivienda de un día para otro. Entre la aprobación de una ley, la clasificación del suelo, la urbanización, la promoción y la entrega de llaves pueden pasar fácilmente cinco o diez años. Por eso esta pieza del puzle tiene que colocarse ya, aunque sus efectos no se vean mañana.
Lo que no puede seguir ocurriendo es que sigamos debatiendo medidas de choque mientras ignoramos las reformas estructurales que realmente mueven la aguja. La ley del suelo no es la única pieza que falta. Pero puede ser la que permita empezar a encajar las demás.