Sareb nació en 2012 para limpiar los balances de los bancos rescatados y se encamina a desaparecer en 2027, pero el final de su historia empieza a escribirse, sobre todo, en los juzgados. Cuando las llaves de decenas de miles de viviendas pasen a la nueva empresa pública de vivienda, Casa 47, quienes llevan años gestionándolas no sabrán todavía si pasan con ellas. Ese es el núcleo del conflicto laboral que ha reabierto la liquidación del llamado banco malo: lo que está en juego es el empleo de unas 274 personas, y la respuesta puede sentar un precedente para cualquier traspaso de actividad entre lo público y lo semipúblico.
Los números de fondo explican por qué el traspaso es tan relevante. El FROB creó Sareb en noviembre de 2012 para absorber unos 50.000 millones en activos tóxicos de cajas y bancos rescatados, con una vida de quince años que se agota con la liquidación prevista para el 28 de noviembre de 2027. Desde 2022 su capital es mayoritariamente público. Le quedan por liquidar unos 19.000 millones en cartera y arrastra una deuda superior a 25.000 millones que el Estado asumirá en parte, y las cuentas estatales de 2025 cifran su deterioro patrimonial en 20.585 millones. En paralelo, el Consejo de Ministros ordenó en julio de 2025 traspasar a Casa 47, la empresa pública de vivienda y suelo nacida a finales de 2025 a partir de la antigua Sepes, más de 40.000 viviendas y unos 2.400 suelos que permitirían construir unas 55.000 más, con destino a alquiler asequible y sin contraprestación económica. Antes del traspaso, además, deben recuperarse unos 3.000 pisos ocupados ilegalmente, y servicers como Aliseda-Anticipa y Servihabitat preparan los inmuebles.
La paradoja que denuncian los trabajadores es sencilla de formular. Casa 47 recibe el patrimonio de Sareb, y con él buena parte de la actividad que Sareb realizaba, pero contrata personal por su cuenta. Ya trabaja con más de 170 personas, prevé cerrar 2026 con unas 250 y aspira a llegar a 400, y publica vacantes para más de 200 plazas sin tener en cuenta a la plantilla de Sareb. Las plazas se cubren por concurso-oposición, lo que descarta la contratación directa y, según el sindicato, hace poco probable que la experiencia en el banco malo puntúe lo suficiente. Sareb, por su parte, tenía 283 trabajadores en junio de 2025, había dicho en febrero que los necesitaría a todos hasta el final y ahora se habla de 274 puestos en juego.
CSIF lleva meses empujando por tres vías. Primero pidió que Casa 47 contratara al menos a una parte de la plantilla, con un documento de compromiso que informara de un posible despido colectivo, su calendario, la indemnización por año trabajado y los planes de recolocación y formación. Planteó una fórmula concreta: que unos 50 trabajadores se queden en Sareb hasta después de la liquidación y otros 50 pasen a Casa 47, con contratos «a extinguir», un mecanismo que cita con precedentes de cesión de personal a Tragsa e Icex. Después intentó una mediación en julio ante el IRMA, la Comunidad de Madrid, que fracasó porque Casa 47 sostuvo que las administraciones públicas están exentas de conciliar. Finalmente, anunció a finales de julio una demanda que sostiene que hay una transmisión de unidad productiva, con subrogación de los 274 trabajadores, y que ha presentado en los juzgados de lo social de Madrid contra Casa 47 y Sareb.
El argumento jurídico se apoya en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y la Directiva 2001/23/CE, que protegen a los empleados cuando una entidad económica cambia de titular. La demanda cita además una sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2025, que señala que despedir antes no impide reclamar la subrogación. Casa 47 responde que su caso es distinto, porque no gestiona deuda ni vende inmuebles, y que solo puede contratar con arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Como alternativa, el sindicato pide al menos que la antigüedad acumulada en Sareb se valore en las futuras ofertas de empleo público de Casa 47.
La diferencia económica entre un despido y otro no es menor. Con catorce años de antigüedad, un despido colectivo supondría 20 días por año con un tope de doce mensualidades, unos 280 días; un despido improcedente subiría a 33 días por año con un tope de 24 mensualidades, unos 462 días, un 65% más. Esa brecha es el motivo por el que la calificación jurídica del proceso, y no solo el número de afectados, será decisiva. Las fuentes consultadas no precisan si el procedimiento de Sareb es formalmente un ERE.
Detrás de todo ello hay una pregunta que va más allá de la plantilla: qué pasa con el conocimiento que se acumula en un organismo temporal cuando su actividad se traslada a otro organismo nuevo. Sareb ha licitado dos contratos de servicers por 147 millones con opción de prórroga de dos años y prevé liquidarse entre finales de 2027 y principios de 2028, y Casa 47 anuncia una inversión de 13.000 millones en una década, incluida una primera oferta pública de 100 millones para comprar vivienda vacía a fondos. Los trabajadores recuerdan que son precisamente ellos quienes conocen esas carteras. Que la empresa pública pueda empezar de cero con personal nuevo, o que tenga que absorber la experiencia ya acumulada, será lo que dicten los jueces.