Hay una forma de hacer política de vivienda que consiste en repartir dinero a quien aplica el instrumento y dejar sin él a quien lo rechaza. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto con 180 millones de euros en subvenciones directas para las cinco comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, y el criterio de reparto convierte esa declaración, que durante meses fue un asunto de pulso político, en una condición de acceso a fondos.
El dinero se reparte de forma muy desigual, en proporción a lo que cada comunidad ha declarado. Cataluña recibe 119,4 millones por sus 271 municipios, casi dos tercios del total. Euskadi obtiene 31 millones para 18 municipios, Navarra 13,3 millones para 21, Galicia 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela, y Asturias 5,9 millones para cinco. En conjunto son 317 municipios que reúnen a más de nueve millones de habitantes. Los criterios que el Ministerio de Vivienda ha explicado son dos: la población afectada por la declaración y el esfuerzo que las familias hacen para pagar el alquiler, de modo que recibirá más quien tenga más gente afectada y mayores dificultades de acceso.
El decreto fija también para qué puede usarse el dinero. Las comunidades podrán construir y rehabilitar vivienda, y buscar soluciones alternativas de alojamiento, para alquiler social o asequible, con independencia de la clasificación o titularidad del suelo; comprar suelo de uso residencial a través de sus administraciones o entidades competentes; desarrollar y urbanizar suelo para uso residencial; comprar vivienda existente para alquiler social o asequible; y cubrir los impagos de renta en contratos de arrendamiento. Es un abanico amplio que mezcla oferta, suelo y protección del propietario, y que deja a cada comunidad un margen considerable para decidir dónde pone el acento.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo que declarar una zona tensionada no es un logro sino el reconocimiento de un problema que exige medidas extraordinarias. Recordó que esas zonas permiten limitar los aumentos de renta al vencer los contratos y ofrecer bonificaciones a los propietarios que bajen la renta, y que el Plan Estatal de Vivienda ya incluye medidas extraordinarias, como la financiación de hasta el 80% del coste de comprar vivienda existente para alquiler asequible. El argumento es coherente: si el Estado pide a una comunidad que asuma el coste político de intervenir en el mercado, parece razonable compensarle con recursos.
La lectura contraria es igual de directa. Las comunidades que no han aplicado la Ley de Vivienda quedan fuera del reparto, y lo hacen justo cuando también reclaman fondos para construir. El titular con el que se ha difundido la noticia lo resume en esa clave: el Gobierno riega a las cinco autonomías que han declarado zonas de alquiler tensionado y deja fuera a las que no aplican su ley. Para los gobiernos autonómicos que se oponen a la ley, que consideran que limitar precios reduce la oferta, es un incentivo diseñado para castigar su posición; para el Gobierno, es la consecuencia natural de que los fondos extraordinarios se dirijan donde hay una situación declarada de tensión.
Conviene mirar el reparto también como una estimación de dónde están los problemas. Cataluña concentra el 66% del dinero porque ha declarado más municipios, no necesariamente porque tenga el mayor déficit de vivienda por habitante, y comunidades con precios muy altos que no han declarado zonas, como las islas o buena parte de la costa, no entran en el cálculo. En ese sentido, el decreto mide la voluntad política de aplicar el instrumento tanto como la intensidad del problema, y esa distinción pesará en el debate de los próximos meses.
El calendario añade otra capa. A comienzos de septiembre, el Ministerio presentó el borrador de este mismo real decreto con 90 millones, repartidos de forma casi idéntica: 59,7 millones para Cataluña, 15,5 para Euskadi, 6,6 para Navarra, 5,1 para Galicia y 2,9 para Asturias. Lo aprobado ahora duplica esa cifra con la misma estructura de reparto, y las fuentes consultadas no explican a qué se debe el aumento, si a una ampliación del crédito, a un segundo ejercicio o a una nueva dotación. Es un dato que habrá que aclarar cuando se conozca el texto publicado.
Queda un interrogante práctico: que el dinero llegue a tiempo y se traduzca en vivienda. La Generalitat, por ejemplo, no ha detallado cuántas multas ha impuesto a propietarios que incumplan las reglas de las zonas tensionadas, y las comunidades que reciban los fondos tendrán que gestionar compras de suelo, licitaciones y rehabilitaciones con plazos que rara vez coinciden con los de un ciclo político. Con unas elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre y un paquete de decretos pendiente de convalidación, el reparto de estos 180 millones será también una de las pocas decisiones de vivienda que llegue a ejecutarse sin pasar por la Diputación Permanente.