En un portal inmobiliario, un filtro es una promesa: quien lo activa espera encontrar justo lo que dice. Por eso la denuncia que UGT ha presentado contra idealista y Fotocasa ante la Dirección General de Consumo apunta a algo más delicado que un anuncio mal redactado. El sindicato sostiene que las plataformas crean y promocionan categorías como «ocupadas», «ocupadas ilegalmente», «sin posesión» y «no visitables» que agrupan situaciones jurídicas completamente distintas bajo una misma etiqueta, y que eso induce a error a quien compra y estigmatiza a quien vive en la casa.

La denuncia, presentada por presuntas prácticas comerciales desleales, publicidad engañosa e incumplimiento de la normativa de información al consumidor, se apoya en lo que UGT describe como un exhaustivo muestreo de anuncios, del que no se facilita el número de piezas analizadas ni el periodo. El retrato que hace es concreto. Bajo la pestaña «ocupadas ilegalmente», algunas viviendas se ofrecen como «oportunidad para inversores» o como «casas con bicho», una jerga que presenta el problema como un descuento. Hay inmuebles que aparecen a la vez en tres categorías, «ocupadas ilegalmente», «alquiladas con inquilinos» y «nuda propiedad», lo que según el sindicato demuestra que la clasificación no distingue entre situaciones muy diferentes.

Ahí está el núcleo del argumento. Muchas de las viviendas etiquetadas como ocupadas ilegalmente tienen, según UGT, alquileres vigentes a personas mayores con usufructos vitalicios o están inmersas en procedimientos de ejecución hipotecaria. Son personas con un derecho a permanecer en la vivienda que el anuncio omite o distorsiona. Presentar a un inquilino que cumple su contrato, o a una persona mayor con usufructo, como un okupa no es solo, en palabras del sindicato, jurídicamente falso: induce a error al comprador, que cree adquirir un inmueble con un problema que no es el real, y coloca a esas familias en una posición de delincuencia y persecución social aunque cumplan sus obligaciones.

UGT va un paso más allá en la interpretación. A su juicio, el discurso de los anuncios busca justificar la acción posterior, es decir, expulsar al ocupante para vender el inmueble libre de cargas, y las plataformas son responsables de fomentarlo porque su supuesta neutralidad no muestra sensibilidad hacia las personas afectadas. Es una acusación política además de comercial, y conviene tratarla como tal: se trata de la lectura que hace una organización sindical con un interés evidente, no de una conclusión probada. Las denuncias, por ahora, son presuntas.

A la información engañosa se añade un segundo problema, más prosaico. El sindicato señala anuncios con superficie, número de habitaciones, planta o ubicación inexactos o no verificados, y otros con imágenes que no corresponden a la vivienda ofrecida. Son fallos de calidad del dato que, en un mercado donde el comprador descuenta el riesgo en el precio, no son anecdóticos: un inmueble ocupado se vende con un descuento, y si la etiqueta no es fiable, el descuento tampoco lo es.

Las peticiones son cuatro. UGT pide la apertura inmediata de diligencias previas de investigación contra ambos portales, que se requiera a las empresas los criterios técnicos y la documentación que exigen a los anunciantes antes de calificar un inmueble como ocupado, que las actuaciones se trasladen a la CNMC y a las autoridades de supervisión del reglamento europeo, y que se adopten medidas sancionadoras. La denuncia no cita leyes concretas más allá de la normativa de información al consumidor y de un reglamento europeo sin identificar, y hasta ahora no consta respuesta de idealista ni de Fotocasa.

El contexto regulatorio juega a favor de que la queja no caiga en saco roto. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abrió en octubre un expediente sancionador contra un gran portal inmobiliario por presuntas prácticas desleales, el primero dirigido contra una plataforma y no contra anunciantes individuales, sin que se nombre el portal. Las infracciones graves en materia de consumo pueden acarrear multas de hasta 100.000 euros o de cuatro a seis veces el beneficio ilícito, según el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores. Es un precedente reciente, y la propia Administración ha confirmado este año una multa de 3,6 millones a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos, un caso distinto pero que señala hacia dónde apunta la vigilancia.

Lo que decida ahora la Dirección General de Consumo es si abre diligencias previas, el primer paso antes de cualquier expediente. Para los portales, la discusión de fondo es la misma que se repite en cada denuncia: si son un mero escaparate de lo que publican terceros o si, al diseñar filtros y categorías propias, asumen una responsabilidad editorial sobre cómo se presenta cada vivienda. El día que un filtro dé nombre a una situación jurídica, deberá ser capaz de justificarlo.