Durante casi tres décadas, 510 familias de Donostia vivieron en un régimen que tenía fecha de caducidad escrita: noviembre de 2028. Esta semana, el Gobierno Vasco ha anunciado que comprará esas viviendas al fondo que las controlaba, en una operación que sus promotores presentan como la primera de este tamaño en el Estado, con un objetivo que invierte la lógica habitual: no obtener rentabilidad, sino evitar que la protección pública se acabe.

Hablamos de Benta Berri, una promoción de vivienda protegida adjudicada a sus primeros inquilinos en 1998 bajo la normativa anterior a la calificación permanente que llegaría en 2003. El Gobierno Vasco cedió el derecho de superficie por 75 años, hasta 2069, a Metrovacesa y Vallehermoso, y esos derechos acabaron en manos de Testa, hoy Testa Homes, la Socimi a través de la cual Blackstone opera en España. Testa adquirió los bloques en 2016. El suelo nunca dejó de ser público, pero la protección de las viviendas tenía una vigencia de treinta años que terminaba en noviembre de 2028.

El acuerdo, cerrado el martes 20 de octubre, consiste en que el Ejecutivo vasco compre ese derecho de superficie, de modo que suelo y vivienda vuelvan a una misma titularidad pública y las 510 viviendas pasen a integrarse en el parque público. El importe ronda los 100 millones de euros, a precio de vivienda protegida, lo que equivale a unos 196.000 euros por casa, aunque el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, aún tiene que detallar las cuentas en rueda de prensa y alguna información habla de una cifra que podría superar esos 100 millones. La firma del contrato se espera antes de que termine el año.

La historia se entiende mejor mirando lo que ocurrió en los últimos meses. A comienzos de 2026, Testa notificó a un grupo de inquilinos, en torno a cuarenta según algunos relatos y decenas de familias según otros, que sus contratos no se renovarían a partir de 2027. Los afectados se organizaron en torno a la plataforma Alokairu Benta Berri, con el apoyo de Stop Desahucios, y llevaron su reclamación al Parlamento Vasco. En marzo, el propio Itxaso había garantizado que las condiciones se mantendrían al menos hasta noviembre de 2028, pero los vecinos pedían algo más: una solución global que no dependiera de un calendario ajeno. Esa solución es la que ahora se anuncia, y que, según el Gobierno Vasco, mantendrá el alquiler asequible para unos 1.700 residentes.

Las reacciones han sido de alivio. Stop Desahucios calificó la noticia de excelente y el alcalde de Donostia, Jon Insausti, celebró que el Ejecutivo hubiera reculado, subrayando que no es partidario de operar con fondos buitre. Itxaso la describió como un éxito colectivo que responde a las demandas de los vecinos. En paralelo, los activistas habían colgado pancartas con un buitre trajeado y la palabra “Miserables” en las sedes de varias gestoras del sector en Madrid, un gesto que da idea de la presión social que rodeó el caso.

Lo que sigue sin conocerse es casi tan relevante como lo que se sabe. No están claras la financiación ni la forma de pago, las rentas que pagarán los inquilinos tras la compra, más allá de que serán similares a las actuales y en régimen protegido, ni qué ocurrirá exactamente con los contratos ya notificados como no renovables. Tampoco está explicado por qué el Gobierno Vasco ha cambiado de postura respecto a lo que defendía unos meses atrás, y el contrato aún no está firmado.

El caso, además, no cierra el problema en otros territorios. Según las informaciones de los activistas, Testa tendría unos 500 pisos protegidos en Pamplona, con contratos que no pensaba renovar entre 2027 y 2030, y el acuerdo de Donostia solo afecta a Benta Berri. Queda por ver si esta operación es el primer caso de una fórmula que otras administraciones puedan replicar con sus propios parques de vivienda protegida de calificación temporal, o si se queda como una solución excepcional para un conflicto muy concreto.