Cuando una norma se anuncia, se tumba, se vuelve a aprobar y sigue sin estar validada, el efecto sobre el mercado no espera a la letra pequeña: llega por anticipado. Eso es lo que sostienen las dos cifras que circulan estos días sobre el alquiler, y lo que ha llevado a Alquiler Seguro a lanzar un plan para intentar que vuelvan al mercado 5.000 viviendas que, según sus cálculos, se retiraron por el ruido regulatorio.

El recorrido que describe la compañía es conocido. El Gobierno intentó sacar adelante sus decretos de vivienda, el Congreso los tumbó, se convocaron elecciones y el Ejecutivo volvió a aprobar los textos, que en el sector se conocen ya como los “decretos Maricarmen”, con la esperanza de que la Diputación Permanente los valide. En ese vaivén, Alquiler Seguro calcula que entre el 28 y el 30 de septiembre, solo por el temor a que las normas salieran adelante antes de su votación, la oferta de alquiler residencial y temporal cayó en casi 4.300 viviendas, un 4% por debajo de la trayectoria esperada.

Otro análisis, el de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, mide un periodo distinto, del 2 al 12 de octubre, el que va desde la caída de los decretos en el Congreso hasta su segunda aprobación en el Consejo de Ministros. Según esa estimación, los decretos afectaron a 5.758 operaciones de alquiler: 4.235 pisos retirados de la oferta residencial y 1.523 firmas bloqueadas. Son mediciones de naturaleza diferente y no se pueden sumar sin más, pero apuntan en la misma dirección: mucho propietario ha preferido esperar, vender o sacar el piso del circuito antes que firmar con reglas que no sabe si le van a aplicar.

Sobre ese diagnóstico, Alquiler Seguro ha puesto en marcha el “Plan 5.000”. La compañía cobrará solo el 50% de sus honorarios a los propietarios de las primeras 5.000 viviendas que se incorporen a la iniciativa, con el objetivo de devolver cuanto antes al alquiler residencial las casas que desaparecieron. A eso suma un adelanto de hasta 24.000 euros para poner a punto el inmueble antes de sacarlo al mercado y un servicio integral de asesoría jurídica frente a los constantes cambios normativos, que es probablemente lo que más pesa en la decisión de un propietario particular.

La empresa justifica el plan con la lógica de la oferta. Para su consejero delegado, David Caraballo, la mejor manera de aumentarla es conseguir que los propietarios quieran alquilar, y para eso necesitan confianza, seguridad y soluciones concretas. “No podemos permanecer impasibles mientras la oferta de alquiler residencial se reduce y cada vez más personas tienen dificultades para encontrar una vivienda”, afirma. La firma alerta de que la retirada de viviendas agrava el desequilibrio entre oferta y demanda, recrudece la crisis de accesibilidad y dispara la tensión sobre los precios, y reclama garantías para que los propietarios mantengan sus inmuebles en el mercado.

El plan viene acompañado de un dato de actividad. Alquiler Seguro asegura haber recibido más de 120.000 llamadas de propietarios e inquilinos pidiendo información y asesoramiento durante estos días de confusión, frente a las unas 85.000 que atiende en un mes normal, lo que le ha obligado a reforzar sus áreas de atención al cliente y a contratar a más profesionales. Según Caraballo, muchos propietarios particulares, que históricamente alquilaban por su cuenta, están acudiendo a la compañía por la preocupación de cumplir la nueva normativa, mientras los inquilinos reclaman atención ante la confusión normativa.

Hay que leer la iniciativa con una pregunta a mano: quién gana qué. Los incentivos son una oferta comercial de una empresa de gestión de alquileres que, además, lleva meses envuelta en polémica con Consumo y con los sindicatos de inquilinos. Para un propietario, el descuento del 50% reduce el coste de entrada y el adelanto financia la reforma, pero ninguno de los dos elimina lo que de verdad le frena, que es no saber qué reglas estarán vigentes el día que firme.