El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un nuevo frente contra los anuncios de pisos turísticos que se presentan como alquileres de temporada. Su Dirección General de Consumo ha pedido a dos plataformas que retiren 8.318 anuncios, una cifra que el departamento que dirige Pablo Bustinduy redondea en torno a los 8.300. Es la primera actuación de este tipo desde que el Gobierno aprobó, el pasado 6 de octubre, el Real Decreto-ley 29/2026, que reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos para acotar este tipo de contratos.
La clave está en la duración. Según explica el Ministerio, la reforma exige que un alquiler de temporada dure al menos 31 días. Los anuncios señalados ofrecen estancias más cortas, es decir, viviendas de uso turístico que se anuncian bajo una etiqueta que la nueva norma no les permite. Para Consumo, esa presentación puede constituir una comunicación comercial desleal por engañosa, una infracción del artículo 47 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Dicho de otro modo, el problema no se limita a que el contrato no encaje en la ley de alquileres: también se considera que se confunde al consumidor sobre qué está contratando.
El grueso del problema se concentra en Madrid. De los más de 8.300 anuncios, 6.772 corresponden a la Comunidad de Madrid y, dentro de ellos, 6.523 están en la ciudad. Es decir, casi cuatro de cada cinco de los anuncios cuestionados se encuentran en un único municipio, lo que encaja con la presión que soporta el mercado de la capital y con el peso que el alquiler de temporada ha ido ganando como alternativa al alquiler de larga duración para muchos propietarios.
El Ministerio ha canalizado la petición a través de los mecanismos de notificación previstos en el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea. Este marco tiene una consecuencia relevante: una vez que una plataforma recibe la notificación de un contenido presuntamente ilegal, asume una responsabilidad directa sobre él si no actúa. Si las plataformas no retiran o bloquean los anuncios, Consumo podría abrir un expediente sancionador. Por ahora no se ha comunicado un plazo concreto para la retirada ni se han dado a conocer los nombres de las dos plataformas implicadas.
La actuación no parte de cero. Consumo recuerda sus precedentes más recientes: la sanción de 64 millones de euros a Airbnb por ofertar miles de alojamientos que incumplían la normativa, que además condujo a la retirada de más de 65.000 anuncios, y la retirada de más de 4.000 anuncios por parte de Booking tras un requerimiento oficial. En el terreno de las prácticas abusivas con inquilinos, el Departamento también ha impuesto una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro, con seis infracciones muy graves y una grave, entre ellas el abuso de posición dominante, y mantiene abierto un expediente contra otra gran inmobiliaria que gestiona miles de viviendas en España.
El movimiento llega en un momento delicado para el decreto. El Real Decreto-ley 29/2026 fue aprobado hace apenas unas semanas y, como todo decreto-ley, debe ser convalidado por el Congreso, donde en los últimos días ya han caído otros dos decretos del paquete de vivienda. Que Consumo lo utilice ya como base jurídica para exigir retiradas masivas anticipa cuál será uno de los frentes de la batalla: si la norma llega a consolidarse, los anuncios de temporada de menos de un mes quedarán claramente fuera de la ley; si decae, el Ministerio tendrá que apoyarse en el resto de su arsenal, que incluye la normativa de consumo y los instrumentos europeos.
Para el sector, la lectura es doble. Los propietarios que han recurrido al alquiler de temporada como vía para sortear los límites del alquiler de larga duración se enfrentan a un riesgo mayor de que sus anuncios desaparezcan de las plataformas. Y para el inquilino que busca vivienda habitual, la medida es una promesa de más oferta estable, aunque nadie ha cuantificado todavía cuántos de esos pisos volverán al mercado de larga duración y cuántos simplemente dejarán de anunciarse.

