La vivienda ha dejado de ser un asunto sectorial para convertirse en el eje de la precampaña. Alberto Núñez Feijóo ha presentado en Sevilla, junto al presidente andaluz Juanma Moreno, el núcleo del programa del PP en esta materia de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. La definió como el problema social más importante del país y acusó al Gobierno de haber provocado la peor crisis de vivienda de la historia reciente. La propuesta es amplia y se resume en una idea: más oferta, menos trabas y más incentivos fiscales, a cambio de desmontar la regulación actual.

El eje de la propuesta es la construcción. El PP se compromete a facilitar un millón de viviendas a lo largo de la legislatura, partiendo de un diagnóstico conocido: cada año se crean unos 240.000 hogares nuevos, mientras que las viviendas terminadas apenas superan las 90.000, de manera que el déficit acumulado ronda el millón. Para lograrlo, promete reducir las trabas administrativas para urbanizar y construir, facilitar la renovación de barrios y edificios, reservar una parte de la vivienda protegida a trabajadores esenciales e introducir el silencio administrativo positivo a los 90 días con carácter general.

En el terreno legislativo, el partido anuncia que derogará la ley de vivienda vigente y que aprobará, en sus primeros cien días de Gobierno, una nueva ley del suelo, una ley contra la okupación y una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, de las que por ahora no hay detalles más allá de los titulares. Feijóo sostiene que sus iniciativas en el Congreso han sido bloqueadas por el Ejecutivo. El plan de vivienda sería, además, el punto central de la primera Conferencia de Presidentes que convoque si gobierna, con la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Para los jóvenes, el paquete es el más llamativo. Propone rebajar un 60 % el IVA y el ITP en la primera vivienda, de modo que los menores de 40 años no paguen impuestos en el momento de la compra, y avales de hasta el 100 % para acceder a la hipoteca. También plantea aplazar impuestos mientras dure el préstamo y crear una «Hucha Hogar Joven», una cuenta vivienda con aportaciones deducibles y rendimientos exentos. Feijóo ilustró el efecto con un ejemplo: un joven que compre una vivienda de 250.000 euros podría ahorrar 25.000 en impuestos y necesitar 50.000 menos para la entrada o la hipoteca.

En alquiler, la apuesta es un cambio de enfoque. En lugar de limitar rentas, el PP propone ventajas fiscales para propietarios e inquilinos que firmen contratos de hasta tres años con subidas por debajo del IPC, lo que Feijóo describió como un «contrato fiscal». Defiende que beneficia a las dos partes y que más alquileres acabarán bajando los precios. A ello suma una mayor protección a los pequeños propietarios frente al riesgo de impago y un rechazo explícito a que se llame «buitre» a un jubilado que alquila un piso para completar su pensión. Su diagnóstico es que el Gobierno ha «expulsado» unas 400.000 viviendas del mercado de alquiler.

El anuncio que más ruido va a generar es el de la okupación: desalojo en 48 horas por orden judicial. Es una promesa clara en su formulación y poco detallada en su mecanismo, y llega en un momento en que los portales inmobiliarios, los sindicatos y las asociaciones de inquilinos discuten qué es y qué no es una okupación.

Por lo que se ha publicado, el programa deja varias preguntas abiertas. La primera es el coste: no se ha explicado cuánto costarían las rebajas fiscales ni los avales, ni cómo se financiaría. La segunda es la viabilidad del millón de viviendas: en la última década la construcción ha rondado ese nivel de terminaciones anuales muy por debajo de la demanda, y el suelo y el urbanismo dependen en buena medida de comunidades autónomas y ayuntamientos, de modo que cualquier ley estatal necesita su colaboración. La tercera es la derogación de la ley actual, que dejaría sin efecto herramientas como la declaración de zonas tensionadas, de las que dependen los topes de renta en varias comunidades. Y la cuarta, la propia aritmética electoral: las medidas se anuncian con la promesa de aprobarse en cien días, un calendario que choca con los plazos habituales de tramitación parlamentaria.

Las reacciones, por ahora, se han concentrado en el cruce político. Feijóo comparó el discurso de la portavoz del PSOE sobre vivienda con el de Ábalos sobre corrupción. Las informaciones publicadas no recogen todavía la respuesta detallada de los demás partidos ni el análisis de expertos, y el programa electoral completo aún no se ha publicado.