El mercado del alquiler en España tiene un problema de oferta. Pero detrás de esa escasez hay una causa que el debate público suele pasar por alto: cada vez más propietarios están decidiendo no alquilar.

Los datos lo confirman. Según la Sociedad Española de Alquiler Garantizado, el 70% de los arrendadores reconoce que hoy prioriza minimizar riesgos de impago y conflictos jurídicos antes que maximizar la rentabilidad de su vivienda. Más del 60% ha endurecido las condiciones de acceso durante el último año. Y uno de cada tres pequeños propietarios se plantea abandonar directamente el alquiler tradicional.

Las razones no son caprichosas. El miedo al impago es el más evidente. Un procedimiento de desahucio sin complicaciones puede tardar entre cuatro y seis meses. Con oposición o situaciones de vulnerabilidad del inquilino, el plazo puede alargarse hasta doce. Durante ese tiempo, el propietario no cobra, sigue pagando los gastos del inmueble y no puede recuperarlo. Para quien tiene una sola vivienda en alquiler y depende de esa renta, ese escenario es insostenible.

Pero el impago no es el único factor. La regulación ha añadido una capa de incertidumbre que muchos propietarios no están dispuestos a asumir. Los límites de precios en zonas tensionadas, la mayor rigidez contractual y la percepción de que la normativa protege al inquilino en detrimento del arrendador han generado una respuesta lógica desde el punto de vista económico: retirar la oferta, vender, alquilar por temporadas o directamente dejar el piso vacío.

El resultado es un mercado que se contrae justo cuando más se necesita que se expanda. Menos propietarios dispuestos a alquilar significa menos viviendas disponibles, lo que presiona los precios al alza y hace más difícil el acceso para los inquilinos. La misma regulación que busca proteger a quien alquila puede estar reduciendo la oferta que necesita.

La solución no pasa por eliminar derechos de los inquilinos. Pasa por recuperar la confianza del propietario con mecanismos reales: agilización judicial, seguros de impago accesibles y seguridad jurídica que haga predecible el resultado de arrendar. Sin eso, el mercado seguirá encogiéndose mientras la demanda no para de crecer.