Cuando el presidente del Gobierno afirmó en una entrevista televisiva en «La Revuelta» que «en estos últimos años se han construido un millón de viviendas», probablemente no esperaba que su frase terminase convertida en un ejercicio de aritmética colectiva. Pero eso es lo que ha ocurrido en los días siguientes: economistas, verificadores y medios de todo el espectro han cogido las estadísticas del Ministerio de Vivienda y han hecho la cuenta. El resultado es incómodo para el titular, aunque menos de lo que sugieren algunas portadas, y deja al descubierto algo más interesante que la polémica del día: la composición real de lo que se está construyendo en España.

Empecemos por lo que dicen los datos. Según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, entre 2018 y junio de 2026 se terminaron en España unas 750.000 viviendas. De ellas, algo más de 660.000 fueron de mercado libre y algo más de 90.000, el 12 %, protegidas, según las calificaciones definitivas. Otro recuento con el mismo origen oficial, que arranca en junio de 2018, el mes en que Sánchez llegó a La Moncloa, y llega también hasta junio de 2026, rebaja la cifra a unas 726.000. La diferencia entre ambas probablemente se explica por la fecha de inicio del cómputo, pero esa es una lectura nuestra y no un dato confirmado. En cualquiera de los dos casos, el total queda claramente por debajo del millón.

El matiz que sostienen sus defensores, y que conviene no pasar por alto, es que el presidente no dijo «durante mi mandato», sino «en estos últimos años». La expresión es deliberadamente elástica. Quienes critican la afirmación señalan que el millón solo se alcanza si se suma la obra terminada desde 2013, es decir, buena parte de los años del Gobierno anterior; y quienes la defienden responden que, en un país donde construir una vivienda lleva años entre planeamiento, licencia y obra, atribuir a un gobierno solo lo terminado durante su legislatura es, además, una simplificación. Ambas posiciones tienen parte de razón, y por eso el debate sobre el número exacto dice menos de lo que parece.

Más revelador es el reparto entre vivienda libre y protegida. Del total terminado desde 2018, solo una de cada ocho viviendas tiene algún tipo de protección pública. Y la cifra es inferior a la que el presidente mencionó en la misma entrevista, el 13 %, aunque la diferencia es mínima. Lo que sí cambia la percepción es la comparación con el pasado: las mismas estadísticas indican que entre 2012 y mayo de 2018 se terminaron unas 106.700 viviendas protegidas, lo que sitúa la cifra actual alrededor de un 17 % por debajo, según el recuento que circula entre los críticos del Gobierno. Es una comparación entre periodos de duración distinta y con ciclos económicos muy diferentes, así que conviene tomarla con cautela, pero apunta en una dirección que cuesta discutir: la vivienda protegida no ha tomado el relevo que se esperaba.

Hay, no obstante, una tendencia que los propios números respaldan. En 2018 se calificaron definitivamente poco más de 5.000 viviendas protegidas. En 2024 fueron más de 14.000, en 2025 casi 13.000, y solo en el primer semestre de 2026 ya se acumulan más de 11.000, es decir, cerca de lo que se hizo en todo 2025. La vivienda libre, mientras tanto, se ha movido en una banda muy estable de entre 70.000 y 87.000 al año, con su máximo reciente en 2024. En otras palabras, el ritmo de construcción de vivienda protegida se ha multiplicado, pero partía de una base tan baja que sigue siendo una fracción del conjunto.

La geografía importa tanto como el volumen. Madrid concentra por sí sola casi 35.000 de las viviendas protegidas terminadas, cerca del 39 % del total nacional, y el País Vasco registra el mayor peso relativo, con más de una de cada cuatro viviendas de su producción con algún tipo de protección. Cataluña y Navarra también superan con claridad la media. En el extremo opuesto, regiones como La Rioja, Murcia, Cantabria o Canarias apenas rozan el 1 o 2 % de su producción. Dicho de otro modo, hablar de «la vivienda protegida en España» es hablar de cuatro o cinco territorios, mientras que en el resto el esfuerzo público ha sido residual.

Hay una cautela de método que conviene tener presente. Las estadísticas de viviendas terminadas se construyen a partir de certificados de fin de obra, y las de protegidas, a partir de calificaciones definitivas, dos registros que no siempre coinciden en fechas ni en criterios. Eso significa que cualquier cifra de este tipo, tanto la que presenta el Gobierno como la que le opone la oposición, tiene un margen de error que raramente se menciona en los titulares. Lo que ningún recuento discute es la tendencia general: el país construye menos de lo que necesita, y lo que construye es mayoritariamente vivienda libre.

En pleno debate político, a pocas semanas de las elecciones del 29 de noviembre, el número del millón funciona como un símbolo, y los símbolos rara vez resisten la comparación con las estadísticas. Pero el verdadero indicador de cómo evolucionará el acceso a la vivienda no está en esa cifra redonda, sino en cuántas viviendas protegidas se terminen cada año a partir de ahora y en qué comunidades se hagan.