A poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno ha empezado a poner cifras y consignas a su programa económico. El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó este lunes en el Fórum Europa, en Madrid, que ve «un país dentro de cuatro años con un salario mínimo más cerca de los 2.000 euros», y añadió: «en eso estamos centrados». La promesa viene con condición explícita: si los ciudadanos apuestan por el PSOE. En ese mismo acto defendió que el mercado «ha fallado y no ha funcionado en materia de vivienda» y que, por tanto, hay que intervenir.

Para valorar la cifra conviene partir de dónde está el salario mínimo hoy: 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, es decir, unos 1.424 euros si se prorratea en doce, tras una subida del 3,1 % este año. Llegar a 2.000 euros supondría un aumento de alrededor del 64 %, lo que equivale a una subida media de en torno al 13 % anual durante cuatro años, un cálculo nuestro a partir de las cifras citadas. Hay un punto de referencia que ayuda a calibrarlo: el Gobierno recuerda que el SMI ha subido un 66 % desde 2018, cuando estaba en 735,90 euros. Dicho de otro modo, lo que se promete para cuatro años es una subida casi idéntica a la que se ha producido en ocho. Las declaraciones no aclaran si esos 2.000 euros son brutos, ni en cuántas pagas, ni si hablan de euros de hoy o de euros corrientes.

El debate sobre el salario mínimo no es solo electoral; tiene una agenda inmediata. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, confirmó este lunes que el Gobierno volverá a subir el SMI en 2027, sin dar todavía una cifra, y que seguirá exento de IRPF. Según las fuentes de Hacienda que cita la información, la exención requiere una reforma legal sin fecha concreta y debería venir después de la propia subida, a través de la Diputación Permanente o en el nuevo Congreso. La revalorización, en cambio, depende del Gobierno, previa consulta a los agentes sociales, y no necesita convalidación parlamentaria; se aprueba por real decreto y suele aplicarse con carácter retroactivo desde el 1 de enero. El anuncio podría llegar antes del 29 de noviembre. Entretanto, el Ministerio de Trabajo trabaja con una comisión asesora para elaborar el informe de partida, y los sindicatos CCOO y UGT piden situarlo por encima de los 1.300 euros, bastante por debajo de la meta de 2.000.

La otra mitad del mensaje de Puente fue la vivienda. El ministro sostuvo que la vivienda debe servir primero como hogar y que el negocio debe quedar subordinado a esa función. Apuntó a la codicia como un elemento del mercado que suele provocar desequilibrios, y advirtió de que los salarios bajos y las desigualdades «quiebran el pacto social». Habló de la necesidad de «elementos de corrección» en los bienes de primera necesidad, aunque en las declaraciones recogidas no concretó qué medidas serían ni con qué calendario. Defendió además que no se opone a que la gente se enriquezca, pero sí a que el derecho a ser rico dependa de la pobreza de otros. Es un mensaje coherente con lo que ya venía diciendo el Ejecutivo: pocos días antes, el ministro de Hacienda defendía dar «pasos más ambiciosos» e intervenir más en el mercado de la vivienda, aunque la competencia sea de las comunidades autónomas, y recordaba los 7.000 millones de euros que el Estado ha puesto sobre la mesa y la Ley de Vivienda.

Lo que no está claro es cómo se articularía esa intervención. Los dos decretos de vivienda que se aprobaron el 6 de octubre siguen su tramitación y su convalidación depende de la Diputación Permanente, así que cualquier endurecimiento de la regulación requerirá apoyos parlamentarios que hoy no están garantizados. Y la oposición, por su parte, ha cargado contra los dos anuncios por motivos opuestos: considera que subir el salario mínimo a ese ritmo pondría en riesgo a muchas empresas, y que más intervención en el mercado de la vivienda reduciría la oferta de alquiler, un argumento que ya acompañó a la Ley de Vivienda desde su aprobación. Los defensores del Gobierno responden que el mercado, por sí solo, no ha resuelto el problema de acceso y que el salario mínimo está pensado para llegar a cerca del 60 % del salario medio, un objetivo que el Ministerio de Trabajo atribuye a su política.

Hay, en fin, dos promesas distintas en un mismo discurso. Una tiene una cifra pero ninguna hoja de ruta: 2.000 euros en cuatro años. La otra tiene una hoja de ruta política pero ninguna cifra: intervenir más, sin decir cómo. Lo único que sabemos con seguridad es lo que ya está previsto: una subida del SMI en 2027 todavía sin cuantía, y una campaña de un mes en la que la vivienda y los salarios ocupan el centro.